Juez dispone juicio oral contra exprefecto Aguilar

Oruro, (EL DIARIO).- El juez Cautelar en lo Penal, Marco Chambi Mejía, dispuso la iniciación del juicio oral contra el exprefecto del departamento de Oruro, Alberto Luis Aguilar Calle y otros colaboradores, por haber provocado daño económico al Estado y una serie de irregularidades cometidas en el caso del fracasado Puerto Seco, que debía ejecutarse desde el 2010.

Chambi explicó que los imputados tienen plazo de 72 horas, para impugnar la resolución judicial, porque caso contrario, el expediente pasará al Tribunal de Sentencia para la realización del juicio oral contra las ex autoridades que avalaron la entrega del proyecto del Puerto Seco a diseño final, pero que “nunca fue concluido”.

Los abogados de los imputados presentaron una serie de objeciones, durante tres meses, con el único “objetivo de retrasar el juicio, para que se archive, pero el juez ya ha determinado el juicio oral, donde las partes deben presentar sus argumentos”, explicó el fiscal Aldo Morales.

El Tribunal de Sentencia aún no fue sorteado, pero esa tarea se cumplirá cuando la resolución del juez Chambi esté ejecutoriada. El plazo para las objeciones se terminará el lunes 21 de mayo.

De parte del Ministerio Público, según Morales, se han presentado “todas las pruebas para el procesamiento de los involucrados en la comisión de delitos, incluyendo la imputación”. Por el momento, no se encuentran involucrados los personeros de la empresa Prointec, porque “se ha abierto otra investigación para esclarecer el caso”.

En el proceso, aparte del ex prefecto Alberto Luis Aguilar, están el ex secretario general, Tomás López, la directora administrativa financiera, Patricia Jaldín Jallasa; el ex director de asuntos jurídicos, Fidel Gutiérrez y el anterior responsable del proyecto del Puerto Seco, Victor Hugo Moreno Sotomayor.

La última audiencia se realizó a las 14:30 horas del pasado miércoles 16 de mayo, en presencia de los abogados de los imputados y los fiscales que se encuentran a cargo de la investigación. Morales ratificó el contenido de la imputación, para que se abra el juicio oral contra quienes son militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los incidentes que presentaron los abogados de los involucrados fueron rechazados, porque supuestamente “no tenían consistencia jurídica y sólo pretendían retrasar el pronunciamiento del juez cautelar”, explicó el fiscal Morales.

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público y los abogados de la Gobernación Departamental. La denuncia de uso indebido de influencias y daño económico al Estado fue presentado por la Cámara de Artesanos, Micro y Pequeños Empresarios del Occidente (Campeo), para que se efectúe la investigación hasta la aplicación de las sanciones contra quienes resulten implicados.

Según el informe oficial de la Gobernación de Oruro, “nunca se entregó el estudio a diseño final del Puerto Seco, pero en forma extraña apareció un certificado firmado por el ex prefecto Aguilar, indicando que la empresa Prointec había cumplido el contrato previsto, precisamente el último día de mandato del ex Prefecto, el 30 de mayo del 2010”.

Ante la falta de documentos vitales para la culminación del estudio, la Gobernación decidió rescindir el contrato con Prointec y contratar otros funcionarios, para que se encarguen de realizar un nuevo estudio, incluyendo la localización del terreno.

El nuevo proyecto dispone la ubicación en Jiquilla-Kasawasa, mientras que el anterior estudio inconcluso señalaba a Soracachi como el lugar ideal para la construcción del Puerto Seco, por encima de las capas de agua potable que tiene la ciudad de Oruro.