El Comité de Intervención de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz (Cotel), pidió ayer, a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) pagar su deuda de 72 millones de bolivianos en un plazo de 30 años.
El interventor de la telefónica paceña, Emilio Gutiérrez, reveló que las cuentas fueron congeladas y que la apelación para el pago de las multas exigidas por la ATT se encuentran en el Tribunal de Justicia (Sucre).
“Consideramos que es injusto este monto de 72 millones. Por los informes técnicos que tenemos en la Cooperativa la deuda asumida con la ATT solo llega a los 19 millones”, afirmó.
Gutiérrez dijo que la cooperativa no cuenta con esos recursos económicos y pidió a la ATT pagar la deuda en plazos de 20 o 30 años.
“En caso extremo que tendríamos que pagar los 72 millones nosotros lo que estamos pidiendo es un plazo de 20 a 30 años para pagar la deuda, tomando en cuenta la delicada situación financiera de la cooperativa por el mal manejo de las pasadas gestiones”, sostuvo.
Entre los años 2002 y 2003 la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, impuso una multa a Cotel de 72 millones de bolivianos.
Sobre la Cooperativa también hay una orden judicial para la anotación preventiva de sus bienes, así como de los vehículos registrados acciones y derechos.
A través de la resolución 08/2012, el juez tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, Eduardo Condo, ordenó que se “proceda a la anotación preventiva en el Organismo Operativo de Tránsito de La Paz de los vehículos motorizados registrados a nombre de Cotel y su representante legal Emilio Gutiérrez”.
Consultado sobre este tema Gutiérrez explicó que la dirección jurídica de la cooperativa también impulsa acciones judiciales contra exconsejeros para que respondan por el mal manejo en gestiones anteriores.
La actual administración inició procesos penales al expresidente del Consejo de Administración, Jorge Paco Marín y otros ex y actuales directivos por falsedad ideológica y material, entre otros delitos, por un daño económico de al menos nueve millones de dólares.
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