En años recientes la imagen de Bolivia en el exterior ha ido sufriendo creciente deterioro, pese a los esfuerzos de la población para salir de ese lamentable estado de cosas que, por otro lado, continúa sin poder detenerse como efecto de la permanencia de grandes problemas tanto nacionales como locales.
Una lista de puntos acerca de ese lamentable panorama comprendería, entre otros, los siguientes principales aspectos: a principios de año, Bolivia fue calificada por un informe de Índice de Percepción de la corrupción, como el “cuarto país más corrupto de América del Sur” y, enseguida, pese a haberse anunciado una aproximación en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, más bien se produjo un nuevo retroceso por el anuncio de aumento de cultivos de coca y el caso del General de Policía, ex zar de la lucha contra el narcotráfico.
Pero en fechas recientes, un informe de una entidad denominada “Coin Business” reveló que a nivel mundial, nuestro país ocupa el puesto 153 entre 183 países, diagnóstico que agrega que ese problema se debe a “la falta total de Estado de derecho, falta de justicia. En Bolivia es muy difícil cumplir la ley”.
Otro diagnóstico negativo se origina en el Banco Mundial que sostiene que “la inversión privada y la productividad de Bolivia son bajas, la informalidad es generalizada y no se impulsa a los sectores estratégicos como hidrocarburos y minería”. Por otro lado, se pronostica la caída de las cotizaciones internacionales de minerales, en particular de estaño, lo que causará grave daño a la economía.
En ese panorama general, la reciente nacionalización (más propiamente estatización) de una empresa transportadora de electricidad causó malestar en Estados Unidos y Europa, pero principalmente en España, donde se consideró que esa medida extrema “parece haber sido pensada sólo para lograr un efecto psicológico entre los bolivianos” y, a la par, el Financial Times de Londres comentó vulgar e impropiamente que se trataba de “una de las payasadas de Morales”.
Esa reciente “nacionalización” se sumó a otras varias que realiza el Gobierno boliviano actual, a partir de la ocurrida con los hidrocarburos en 2006; Vinto en 2007; ENTEL en 2008; Guaracahi, en 2010; y otras. Todas las cuales serán objeto de indemnizaciones por alrededor de mil millones de dólares.
De otro lado, hace pocos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio otra mala calificación a Bolivia, al decidir que la Secretaria de Estado no asistirá a la reunión de la OEA a realizarse en Cochabamba, medida a la que agregó que en Bolivia existe violación de los derechos Humanos y una serie de restricciones a la libertad de prensa, las inversiones y actividades económicas diversas.
Otra impresión externa acerca de Bolivia llegó de España, donde se señaló que nuestro país “es territorio no grato, con demasiado riesgo, debido a la extrema inseguridad política” y agrega que nuestro país ha sido puesto en “cuarentena”.
Entre tanto, un funcionario de la CAF (Ernesto Samper) considera que “la región vive un buen momento” y refiriéndose a Bolivia afirmó que “hay países que apelan a métodos socialistas para vivir como capitalistas y países que apelan a métodos capitalistas para llegar a metas socialistas”. Finalmente, mostrando indiferencia tanto ante las opiniones nacionales como internacionales, el presidente indígena boliviano, Evo Morales, afirmó que “no le molestan los ataques opositores” y lamentó que en algunas esferas partidarias se diga “hay que hacer colgar al Evo igual que a Villarroel”.
Finalmente, mientras en el ambiente internacional las opiniones sobre Bolivia tienen tinte cada vez más negativo, en el interno las dificultades no son menores, por los recientes sucesos con los médicos, que hicieron un paro de casi 50 días, la huelga general de la COB, la marcha de los indígenas del TIPNIS, asuntos policiales, y otros de no menor magnitud, todo lo cual muestra que “algo huele mal en Dinamarca”.
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