Pueblos originarios movilizados por sus derechos buscan respaldo

Pueblos de Tierras Altas avanzaron hasta el municipio de Llallagua tras su segundo día de marcha por la defensa de Mallku Khota, mientras los comunarios de Tierras Bajas se acercan al norte de La Paz reiterando la reivindicación del Tipnis. Ambas marchas confluirán en la Sede de Gobierno, realizando un cerco al régimen de Evo Morales, como nunca se vio en tiempos democráticos.

La vigilia instalada en la Plaza Mayor de San Francisco unió fuerzas entre representantes de la Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), que solicitaron colaboración a la sociedad citadina a fin de recibir a los cientos de marchistas de ambas causas.

La novena marcha indígena, con 400 integrantes, está próxima a la frontera entre Beni y La Paz, pasaron el escollo de Yucumo sin problemas y ahora avanzan a paso firme hasta el centro político del país, en busca de que el gobierno de Evo Morales deje de lado el tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio de la reserva natural del Tipnis.

Los comunarios de Potosí, que sobrepasan los 500 miembros, están en el municipio de Llallagua y exigen la reversión de la concesión minera a la empresa canadiense South American Silver.

En palabras a Erbol, el mallku de la federación de ayllus del Norte Potosí, Damian Colque, sostuvo que los marchistas piden respeto a las autoridades originarias y defenderán sus recursos naturales.

Por su lado, otro grupo de comunarios rechaza esta marcha y respalda la extracción minera en la zona por considerar que es necesario el desarrollo económico de la región, asegurando que ya se llegaron a acuerdos con el Ejecutivo para impedir las acciones de extracción, pero no la anulación de contrato, hasta que se llegue a acuerdos regionales. Además desconocieron a los marchistas que forman parte del grupo de Cancio Rojas, detenido en Potosí por supuesta instigación a la violencia.

Las dos marchas tienen un elemento en común y es la vulneración a la consulta previa, una de 1996 y otra de 2008, así como la exigencia a las autoridades gubernamentales de respeto a los derechos constitucionales de los pueblos originarios.