El Alto se ha convertido en la tumba de muchos inocentes, linchados “por confusión” o en algunos casos de delitos menores. Este método sistemático se escuda en prevenir supuestamente el delito o como escarmiento y no duda en hacer justicia por mano propia al amparo de la retardación en el aparato judicial. En los últimos cuatro meses van cuatro linchamientos en la vecina ciudad, además de cinco intentos frustrados por la Policía que, al menos, puede anotar en su haber ese hecho, frente a su tardanza en otros linchamientos consumados o a su impotencia, pese que la institución cuenta con una serie de cuerpos de tropa especializada, pero que sólo interviene en el ámbito de su especialidad.
Ensombrece aún más este panorama que en tres días del presente mes se registren dos horrendas muertes de este tipo. En la primera un sargento de policía en Ventilla, El Alto, quien no vestía uniforme y en la segunda un presunto asesino en San Julián, Santa Cruz, con la agravante de que el desafortunado fue arrebatado de la carceleta para ser ajusticiado por una turba.
Poco antes otro policía que por motivos desconocidos vestía de mujer perdió la vida en similar tormento en otra región de El Alto, por supuesto intento de robo. En abril pasado en Ivirgarzama murió linchado un presunto ladrón de motocicletas. También se recuerda que no hace mucho en algún cantón de Potosí dos campesinos fueron brutalmente golpeados y enterrados aún con vida bajo sospecha de robo en el templo del lugar. No hay duda de que esta generalizada morbosidad coloca al país a la cabeza de tan indeseables prácticas.
Aunque las autoridades lo nieguen en todos los tonos, positivamente los autores se amparan en el ejercicio de la Justicia Comunitaria, la cual por no encontrarse sistematizada ni responder a organicidad alguna, cada comunidad la aplica a su modo con los resultados conocidos. Así como al organismo humano sólo se puede aplicar una terapia adecuada después de conocer el mal que le afecta, en el plano social ocurre otro tanto. Entonces se hace necesario estudiar a profundidad esta manifestación lindante en lo atávico para poder revertirla en la medida de lo posible.
Como efecto de la inversión y de la improvisación las zonas se están dando líderes o dirigentes que incurren en excesos como los señalados, quienes a falta de mejores acciones de provecho común recurren a incitaciones que retrotraen a la barbarie y al crimen respaldado en la conjura del silencio. Los hechos demuestran que protegidos por la distancia hay grupos al acecho de sus víctimas y ante el menor pretexto descargan contra éstas sus peores instintos. No son solamente los linchamientos, sino las muertes y toda laya de delitos a bordo del transporte público, los atracos y asaltos con sadismo y brutalidad atávica van mucho más allá del robo.
Estos temas pertenecen al campo de la criminología social y son los profesionales del ramo los llamados a investigar a fin de orientar a la población y asesorar científicamente a la Policía. Ante la magnitud de estos crímenes y de la inseguridad, no basta tipificarlos como atentados a la Constitución y a las leyes o simplemente al debido proceso como recalcan los abogados, sino que es necesario indagar sus causas, así sean comprobaciones dolorosas, porque, insistimos, para atacar un mal es necesario conocerlo. Lo anterior no significa que la impunidad siga alentado el linchamiento, como para mayor asombro de la sociedad viene ocurriendo. En el último suceso de Ventilla guardan prisión cuatro instigadores y a la vez autores del linchamiento y se espera que no sea alguna argucia de sus defensores la que por la condescendencia de jueces y fiscales les devuelva la libertad, para un retorno nocivo a su comunidad.
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