La tozudez por atravesar el Tipnis

La carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que el Gobierno obsesionado trata de construir -a fortiori-, otorgaría más oportunidades para el avasallamiento masivo y descontrolado del gran negocio de la coca ilegal, que no paga impuestos, tiene vinculaciones con narcos, no prevé el cuidado de la Pachamama ni respeta los derechos de la Madre Tierra. Puede ser un fenómeno arrollador para las 69 comunidades que habitan esa región.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) rechaza la carretera por el corazón del TIPNIS, además de gran parte de la población del país porque dicha construcción atenta contra la cultura milenaria, causaría daño ecológico, perjudicando su hábitat, provocaría migración y la desaparición de la vida silvestre de animales, aves, flora, etc. Afectaría el medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad del bosque tropical, ya que se pretende con obstinación partir en dos el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que tiene 11 mil habitantes y 1.225.347 millones de hectáreas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para esta obra -que más favorece a cocaleros del Chapare y al Brasil- suscribió un contrato el 4 de agosto de 2008, con un financiamiento brasileño y se habría anticipado a la constructora OAS el 20% de los 415 millones que iba a costar la construcción del tramo II, pues las tres carreteras tienen un costo de $us. 774 millones, friolera suma de $us. 1.560.150 por kilómetro, y al parecer con sobreprecio. El Defensor del Pueblo afirmó que el contrato entre el Gobierno y la constructora brasileña OAS es ilegal, porque se aparta de la constitucionalidad al no haber cumplido con el derecho a la consulta previa.

Como se sabe, los indígenas del oriente en defensa de su terruño habían salido en marcha de Trinidad el 15 de agosto de 2011, luego de diez infructuosos diálogos. Los ministros y viceministros no pudieron convencer a los indígenas y en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, 500 policías los sorprendieron y cometieron violenta represión, vejámenes, torturas, fueron apaleados, maniatados, amordazados con masking tape, no hubo consideración a mujeres, ancianos y niños. “Hay que reventar a los indígenas” se dijo, no había agua ni comida, se violaron derechos humanos.

Estos actos incitaron a la reacción de sectores del país con vigilias, rechazo y protestas en defensa de los nativos. El apoyo popular provocó renuncias y el Primer mandatario exasperado manifestó: “no di la orden”, aunque pidió disculpas y perdón. Algunos de su gabinete se lavaron las manos al decir: “yo no fui”, “yo no instruí”, “sabemos, pero no lo diremos”. ¿Quién dio la orden para masacrar a los “salvajes buenitos”, como lo dijera un ministro? Se presume que la orden salió de Palacio.

Los 2.000 indígenas llegaron a La Paz el 19 de octubre y fueron recibidos con aplausos después de haber caminado 640 kilómetros en 65 días, entre sufrimientos climáticos y enfermedades. En esta represión a marchistas se cometieron delitos de lesa humanidad, que no deben quedar impunes. La Asamblea de Derechos Humanos exige esclarecimiento. El defensor del Pueblo mostró sus conclusiones. El oficialismo no lo hará. El TIPNIS, reserva natural que ya no es virgen, es patrimonio nacional, es un parque de Bolivia, es continental.

Se dijo el año pasado que militares y policías iban a evitar asentamientos ilegales de comunarios interculturales, colonizadores; que se erradicaría sin miramientos los sembradíos de coca; se aplastaría a los narcos y sus fábricas; no se permitiría caza, pesca ni turismo barato, pero nada de ello se hizo.

El 27 de abril de este año salió de Trinidad la novena marcha rumbo a La Paz en demanda de la anulación de la Ley 222 de Consulta previa, enfrentando actitudes de violencia, pues en San Ignacio de Moxos fueron hostigados, les pusieron alambres de púas en su camino y no permitieron que ingresen por la plaza principal y tuvieron que hacerlo por el costado del camino, igualmente en Yucumo.

Creemos que en homenaje a la unión de los bolivianos, el Gobierno debe mostrar humanitarismo, ya que en esta sacrificada marcha hay ancianos, madres con sus niños enfermos y el Primer mandatario debe dialogar y escuchar sus planteamientos, eso sería positivo para su gobierno que dice ser de los indígenas y campesinos. Así vienen los marchistas.