Doria Medina observa parcialización del Gobierno con militantes del MAS

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló ayer que se espera un trato igualitario por parte del Gobierno, hacia el gobernador de La Paz, César Cocarico, por las declaraciones vertidas en las que incitó a atentar contra la vida de las personas que no compartan el pensamiento del denominado proceso de cambio.

Doria argumentó que las declaraciones efectuadas por el Gobernador de La Paz demuestran el miedo que tiene el Gobierno al ver que hoy en día no sólo pierden la popularidad y confianza de los bolivianos que viven en la ciudad, sino también en el campo.

Asimismo, expresó que considerando las reacciones que se dieron por parte del Gobierno y de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, cuando él dio a conocer el pensamiento de los alteños con la administración política actual, lo justo es que se actúe de la misma manera con el Gobernador de La Paz.

“Vamos a ver muy claramente qué hace la ministra Suxo, si actúa de la misma manera con los oficialistas que con los opositores”, señaló.

A poco de concluir su declaración a los medios de comunicación, el Gobernador del Departamento emitió una conferencia donde pidió disculpas por su exabrupto.

Doria Medina fue sindicado por el oficialismo y el aparato mediático gubernamental de ser “instigador a delinquir” e incurrir en “apología del delito”, buscando generar un “magnicido” contra el mandatario Evo Morales.

CASO PAPELBOL

En otro tema, el empresario se refirió al caso de Papelbol asegurando que existe una pérdida de 13,5 millones de dólares tras la fallida implementación de esa factoría.

“La información que yo he recogido es que una vez que se ha dejado la maquinaria a la intemperie, esa maquinaria no va poder ser reparada, no sirve ya; además, la empresa a la que se le ha comprado (la maquinaria) no es una empresa que fabrica máquinas, es una empresa que compra máquinas viejas”, dijo.

Las autoridades de Gobierno llevan adelante investigaciones sobre este emprendimiento estatal, donde podrían presenterse actos de corrupción, implicando a directivos de la entidad.