En Oruro:
Pese a que llegaron a un acuerdo conjunto, por intermedio del Comité Cívico, los 21 proyectos siguen paralizados.
Oruro, 2 (EL DIARIO).- Los conflictos suscitados desde hace dos años en la Alcaldía Municipal de Oruro no han terminado y, por el contrario, se han agudizado por los insultos, amenazas de huelga, juicios y presiones entre la alcaldesa, Rossío Pimentel Flores y los concejales.
Los concejales, con la intervención del Comité Cívico de Oruro, llegaron a un acuerdo con la alcaldesa, para trabajar en forma conjunta por el desarrollo de la ciudad, pero los 21 proyectos siguen paralizados. El Concejo advirtió que seguirá el curso legal, para evitar procesos judiciales.
El vicepresidente del Concejo Municipal, Rodolfo Uyuni, dijo que no se han podido aprobar los proyectos presentados por la alcaldesa porque, de acuerdo a disposiciones de la Ley de Municipalidades y del reglamento interno, primero se debe recabar un informe de la comisión legal y después, ese informe, se debe considerar en el pleno de la institución.
La secretaria del Concejo, Modesta Mamani, dijo que se debería reclamar a la alcaldesa, el por qué “se están enviando documentos separados de los contratos, en lugar de entregarnos todo completo, para evitar esta clase de conflictos que se han generado en las oficinas de la Alcaldía”.
La concejal del Movimiento al Socialismo, Laura Lima, dijo que los documentos se han enviado a la comisión legal, para su revisión y, por ese motivo, se ha declarado un nuevo cuarto intermedio en el tratamiento de esas carpetas de proyectos que no tenían la documentación completa.
La alcaldesa municipal, Rossio Pimentel, por su lado, explicó ayer que los concejales son los que perjudican la ejecución de obras, “a veces por caprichos personales o porque no quieren a Oruro y no tienen ningún interés de trabajar por el progreso de la ciudad”.
Los entredichos se profundizaron más con la intervención de la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra, quién sindicó a la concejal Ruth Hinojosa de “veneno”, porque obstruye todos los procesos de licitaciones y adjudicaciones de obras, en vez de acelerar esos trámites hasta su ejecución en los barrios de la ciudad.
La concejal Hinojosa, de Unidad Nacional, dijo que nuestra obligación es fiscalizar y cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. “Eso no es ser veneno, porque hay muchas irregularidades que no podemos dejar pasar. Por eso, no estoy de acuerdo con el convenio firmado hace pocos días, porque en realidad, con eso, no hemos logrado nada y el Concejo Municipal debe seguir en su labor de fiscalización de los proyectos”.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales, José Flores, dijo que los vecinos están esperando la aprobación de sus proyectos, como aceras y cordones, que “han sido observados, porque no se habían entregado los documentos originales de los contratos, sino únicamente fotocopias”.
No descartó la realización de movilizaciones, para que los concejales aprueben los proyectos. Según el informe oficial del Municipio, existen 21 proyectos observados y si no se los ejecutan en la presente gestión, los recursos serán revertidos.
El presidente del Concejo Municipal, Juan José Ramírez, recordó que el pasado año, la alcaldesa no ejecutó 140 millones de bolivianos, por falta de capacidad en el manejo económico, administrativo y ejecución de obras, pero ahora se quiere exigir la aprobación de 21 proyectos incompletos, cuando ya estamos al sexto mes del año.
Mientras tanto, los procesos judiciales tanto en contra de los concejales como de la alcaldesa, por incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, falsificación de firmas y rúbricas entre otros, siguen su curso legal, en forma lenta en el Ministerio Público y en los estrados judiciales de Oruro.
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