Comunidades delictivas

Entre los resultados perversos del gobierno del proyecto al socialismo, al haber dividido a la Nación boliviana en 36 naciones, de corte indígena, originario, campesino, con libre determinación, autogobierno y consolidación de sus entidades territoriales (Art. 2 de la Constitución del Estado Plurinacional), está el que en varias regiones del territorio patrio han aparecido comunidades o pueblos que colectivamente están dedicados a actividades delictivas, como el narcotráfico, contrabando, etc., donde la ausencia de la autoridad del Estado es la nota.

En algunas de estas comunidades (?) han sido asesinados policías, radialistas y cometido otros delitos contra las personas que aparecieron por esos territorios libres de la ley y autoridad, algunos en cumplimiento de sus obligaciones, todo en nombre de la “justicia comunitaria” y la autodeterminación concedida constitucionalmente a esas poblaciones.

El Código Penal en actual vigencia en el Art. 20 dice que son autores de un delito “... los que prestan cooperación”, y en el Art. 23, sobre la complicidad dice: “... los que facilitan o cooperan a la ejecución de un hecho...”; y la doctrina en materia criminal ha estudiado este tipo de delitos cometidos por las multitudes o grupos organizados para delinquir. En el primer caso, los delitos son cometidos por fuertes emociones colectivas, previamente alentadas; en el segundo, los grupos criminales se organizan para cometer sus delitos, y este sería el caso de los numerosos pueblos, en especial en el área rural de occidente de nuestro país. Cuando apenas aparece algún ciudadano ajeno a esa comunidad, se alerta y pone en ejecución un plan preconcebido para resguardar el pueblo y en muchos casos acusar a los extraños de supuestos ladrones y ejecutarlos sumariamente.

En otros casos en los que algún miembro de la comunidad ha sido encontrado en actividades ilegales y en consecuencia aprehendido, el pueblo organiza acciones de solidaridad con ese detenido y presiona pidiendo la libertad del mismo.

En el caso del narco alcalde de un pueblo cercano a Oruro, el mismo fue puesto en libertad -pese a la gravedad del delito, como es el narcotráfico-, gracias a la movilización del pueblo que, por supuesto, estaba vinculado a la comisión de este delito. El contrabando, que tanto daño hace a la economía de nuestro país, encuentra protección en pueblos enteros, los que cuando aparecen las autoridades para incautar mercadería ilegal, reaccionan violentamente, debido a que participan colectivamente de esta ilegal actividad. Lo mismo sucede con el robo de vehículos, que son llevados a pueblos donde son desmantelados y luego vendidas sus partes, sin que autoridad alguna pueda ingresar en esos territorios dedicados a actividades delictivas.

La actividad delictiva de comunidades enteras en el área rural, ha dado como consecuencia el abandono de las tareas agrícolas y pecuarias. Y es que las actividades ilícitas rinden más frutos, de tal manera que ahora se importa productos que antes se producían en el campo. Por otra parte, los altos réditos de esas actividades delictivas han producido una nueva clase social con poder económico, que hace gala de sus vehículos dedicados al transporte y la actividad comercial inspirada en el contrabando. Es la nueva clase o burguesía “chola”, como la denomina el señor García Linera, de importante crecimiento en poder adquisitivo y abandono del segmento social rural, para asentarse en las ciudades, aunque sus actividades se realizan en las fronteras.

En las regiones fronterizas, en especial con Perú, autoridades y pobladores están dedicados al contrabando, pues diariamente ingresan a territorio peruano productos alimenticios como arroz, azúcar, fideos, textiles, gas en garrafas y una gran variedad de productos, debido a la diferencia de precio y valor de moneda. Lo mismo sucede en otras zonas fronterizas, donde además la ausencia o complicidad de las autoridades es notoria.

El Estado, sea nacional o plurinacional, en atribución de su soberanía tiene que estar presente en todo el territorio patrio, y de ninguna manera permitir la existencia de “estados dentro del Estado”, en caso contrario la desintegración nacional será su resultado.