Cuando la crisis económica se acentúa en una sociedad, la corrupción crece; cuando hay permisividad con los delitos, la delincuencia aumenta, y cuando hay producción imparable de drogas y vicios en una colectividad, los peligros de aumentarlos adquieren dimensiones muy grandes. Esto es, lamentablemente, lo que ocurre en nuestro país desde hace varios años y que, de alguna manera, es consecuencia de algo normal que también pasa en los países ricos y desarrollados.
La corrupción, mal de todos los regímenes que han imperado en el mundo rico, se acentúa también en los pobres sin freno alguno porque las autoridades se sienten inútiles frente a lo que, desde las esferas gubernamentales hasta las instituciones menos importantes, se hace parte del diario vivir debido siempre a que no hay corrupción sin corruptores que incitan a los peores delitos con tal de conseguir sus objetivos y adquirir más poderes políticos, económicos y sociales.
El narcotráfico siempre está a la expectativa de todo lo que ocurre en su entorno; mucho más en un país como el nuestro que cultiva hojas de coca, la materia prima para la fabricación de la droga que luego es comercializada internamente y exportada por todos los medios. La cocaína, conjuntamente otras drogas que provee la industria ilegal mundial, conforman sociedades delictivas que manejan emporios de empresas y juegan a las bolsas de valores al margen de hacer circular dinero sucio en todo tipo de negocios, industrias, etc. Su peligrosidad es tan grande que no sólo abarca la salud y vida de las personas; es, en todo caso, instrumento letal para quienes la consumen hasta llegar a situaciones en que las exigencias son mayores y determinan más producción.
La delincuencia institucionalizada ataca a todos los países porque quienes viven a costa de los derechos de los demás, poseen poder económico, político y social; se incrustan en todas las actividades y expanden su accionar por doquier. Al margen de ello, se organizan cuadros pandilleros reclutando a jóvenes y personajes del hampa. Se trata de una organización que al contar con dinero, compra conciencias y situaciones de impunidad mediante el soborno, el chantaje y las peores formas ilegales que el vasto mundo del delito tiene conformado.
La trilogía que se forma por la falta de educación, práctica de virtudes y valores y no tener conciencia de bien común, resulta ser el conjunto de males que afectan a todo el ordenamiento jurídico y, en casos, lo hacen con el apoyo – directo o no – de las mismas autoridades que oficialmente comparten todas las acciones punitivas contra los delitos cometidos por los integrantes de esta especie de sociedades secretas que se hacen públicas por la proliferación de sus delitos y porque, muchas veces a vista y paciencia de la sociedad, actúan con total impunidad.
Ante cuadros tan desoladores que conforma esta trilogía de criminalidad, que tiene muchas derivaciones en el actuar de una sociedad que nada tiene que ver con los delitos, no cabe otra cosa que aplicar medidas de interdicción que les ponga freno; de otro modo, los males proliferarán y el país se encontrará en ambiente tan tenebroso que nada ni nadie pueda contener las consecuencias que pueda sufrir y que, nada raro, implicaría una imitación de lo ocurrido en Somalia donde la regla general es estar inmersos en los peores delitos.
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