La política gubernamental equivocada agrava la situación del TIPNIS, porque se inició como problema social en la octava marcha y ahora con la novena pasó a ser un problema nacional, debido a que el presidente Evo Morales insiste en que se construya la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos cruzando dicho parque nacional. Esta posición provocó una reacción internacional con el apoyo de naciones indígenas de la cuenca amazónica.
Ante esta política equivocada se debe informar al Gobierno, a sus asesores y a la Asamblea Constituyente, que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no es rentable ni recomendable, como se demuestra al revisar los antecedentes técnicos, económicos y políticos.
Es un error del Gobierno adoptar una posición intransigente para que se construya la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos sin antes analizar la rentabilidad del proyecto, considerando el transporte en el tramo vial proyectado, tomando en cuenta todas las opciones para el transporte por carretera o por vía fluvial de bienes producidos y productos demandados, incluyendo los efectos de flujo de carga de retorno.
Para que el Gobierno decida la construcción de una carretera o la rechace, es necesario analizar los requisitos exigidos internacionalmente, relacionados con el transporte por carreteras, antes de proceder a ejecutar un proyecto caminero. Además, debe estar sustentado por un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera y un análisis de rentabilidad económica basado en la tasa interna de retorno y el beneficio costo.
Con el fin de demostrar que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no es rentable ni cumple con las especificaciones internacionales, adoptaremos como referencia las disposiciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. En este organismo se determina que en una carretera, para que sea económicamente rentable, el tráfico vehicular diario debe ser de 50 a 500 vehículos como promedio anual.
Estos datos servirán de referencia para que el Gobierno se dé cuenta de que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no es rentable ni viable para promover un desarrollo económico y social en el Oriente boliviano.
Para verificar esta información, los asesores técnicos del Gobierno deberían apoyarse en las estadísticas actualizadas al año 2011 del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, donde encontrarán referencias sobre que la carga representativa es el fuel-oil, cuyo peso se estima en 12,800 toneladas, de las cuales sólo se envía, de Cochabamba al Beni, 896 toneladas anuales que se las podría transportar en 112 camiones de 8 toneladas de capacidad, o sea 9 cisternas por mes, que significa menos de una cisterna por día. Además se conoce que el fuel-oil se lo manda al Beni por vía fluvial y no se precisa de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
Para analizar el transporte de carga del Beni a Cochabamba, que pueda justificar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, se debe revisar el informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que propone comercializar 300,000 cabezas de ganado, de las cuales se destinaría 25.000 para Cochabamba (www.fmbolivia.com.bo).
Estimando un peso de 400 Kilos por res, se precisaría 3.5 camiones día de 8 toneladas de capacidad, lo cual está por debajo de 50 vehículos por día, especificados para calificar la rentabilidad de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
Otro ejemplo de la política gubernamental equivocada se refiere a la estrategia de dividir a los dirigentes marchistas. Luego, con la posibilidad de conseguir adeptos que apoyen al Gobierno para la construcción de la carretera que pase por el TIPNIS, instituye la “consulta previa” (Ley 222), donde el Gobierno actuaría como árbitro entre los indígenas respaldados por una gran mayoría de los bolivianos y aquellos que le exigen al Ejecutivo que se construya la carretera Cochabamba-Beni, utilizando como paso el territorio indígena Isiboro Sécure.
Este grupo que apoya al Gobierno, según publicaciones de prensa, estaría conformado por campesinos aymaras trasladados a Pando para cuidar la frontera territorial de Bolivia, juntamente con algunos indígenas convencidos de que con la carretera dispondrían de agua potable, energía eléctrica, hospitales y otros servicios que promuevan el desarrollo de la región, incluyendo personas que se autodenominan “pluriculturales”, que en Yucumo figuran como Consejo Indígena del Sur (CONISUR).
El autor es Ing. Civil – Militar, Ing. Ambientalista Certificado, ex miembro del BID.
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