El grave problema de los linchamientos

Son muchos los casos que muestran linchamiento de personas por determinación de turbas enardecidas; nada se hizo hasta ahora por apresar y juzgar a los culpables; poco se informa al respecto cuando se recurre a las autoridades; la vida de toda persona estaría en manos de quienes, hasta por causas baladíes, querrían tomar la justicia en sus manos y quitar la vida a quienes quieran los intereses creados. Esta es una realidad que se vive en el país y que lamenta los crímenes cometidos contra presuntos culpables de hechos dolosos que debieron ser juzgados por los tribunales ordinarios conforme a los códigos penales.

La llamada “justicia comunitaria”, que hoy tiene una especie de “estatus legal” por disposición del Gobierno y casi conocimiento y aceptación del Poder Judicial, es la que sirve de pretexto a quienes han decidido manejar un derecho que nadie les otorgó y que está prohibido: juzgar a los presuntos delincuentes y condenarlos a muerte y todo con el pretexto de aplicar la justicia comunitaria, donde “debe ser el pueblo el que juzgue y sancione a culpables de delitos contra las personas”.

Con el criterio que esgrimen los delincuentes que hacen justicia por su cuenta, para nadie habrá seguridad en el país porque cualquiera podrá señalar que tal o cual persona es culpable de delitos ficticios por los que merezca la aplicación de la pena de muerte, porque para estos delincuentes (no se les puede calificar en otra forma a quienes disponen de la vida de personas que así sean culpables o sean inocentes, no deben ser asesinadas brutalmente, como ha ocurrido en infinidad de casos) porque la vida ajena no les pertenece a ellos que están atenidos a una “disposición legal” que nunca debió ser parte del ordenamiento jurídico del país.

¿Cuánto más tendrá que soportar la comunidad nacional con hechos de esta naturaleza? ¿Por qué el Gobierno no ha investigado, apresado a los culpables de los crímenes y no los ha puesto en manos de los tribunales para que sobre la base del Código Penal sean juzgados y condenados a las penas que corresponde? Hay, pues, muchas preguntas que deberían responder no sólo las autoridades del Gobierno sino del Poder Judicial al que pertenecen fiscales y jueces que seguramente han tomado conocimiento de esos casos dolosos que lastiman a la comunidad nacional y significan desprestigio para el país.

Es preciso entender que el país no puede seguir expuesto a caprichos o decisiones arbitrarias de gentes que creen ver delitos en todos y, atenidos a su justicia comunitaria, cometan crímenes tan horrendos como los que conforman cuadros dramáticos en los casos que lastiman al pueblo y le quitan esperanzas y seguridades de vida, condiciones que, añadidas a los sufrimientos que padecen los habitantes del país, deben soportar.

Que el Gobierno, en concordancia con el Poder Judicial que desde la posesión de nuevos jueces y fiscales tiene el propósito de cumplir y hacer cumplir las leyes, tome a su cargo los casos de linchamientos que se han producido en el pasado y que, por los últimos producidos, muestran un panorama de absoluta inseguridad por la indefensión en que se coloca a las personas. El caso, contrario a toda ley y norma moral, atenta contra los derechos humanos y no puede ni debe seguir bajo el arbitrio de los que, amparados en su condición de ser “autoridades de la comunidad originaria” o ser parte del partido de gobierno, sigan cometiendo en perjuicio de la vida y seguridad de la comunidad nacional.