Más de 20 personas buscaron atención forense por casos de violencia intrafamiliar


Al menos 23 personas buscaron ayer la atención del médico forense de la Policía alteña luego de haber sufrido actos de violencia intrafamiliar el pasado fin de semana.

Por su parte, Roberto Quiroga, sociólogo de profesión, explicó que “el consumo de bebidas alcohólicas, la falta de responsabilidad de los varones y una ausencia notable de valores, son las causas por las que generan daño a la integridad física y psicológica de las víctimas”.

En una visita al lugar, EL DIARIO pudo verificar la presencia de 23 personas, de ellos un 90% eran mujeres y el restante ancianos y menores quienes el fin de semana fueron víctimas de sus parejas, hijos o progenitores. En la mayoría de los casos, los agresores habrían justificado sus acciones debido a su estado de ebriedad manteniendo la violencia como un mecanismo para imponer su posición a la falta de un criterio más razonable y humano.

Lidia Mamani, una de las víctimas que sufre por los abusos hace cuatro años, pudo escapar de su casa con su hijastra para denunciar una serie de maltratos ejercidos por su concubino, quien en menos de un mes le ha causado cuatro agresiones dejándole la cabeza con una serie de hematomas.

“Él me pega de forma continua, pero ahora quiero denunciarlo porque incluso ha intentado violar a su hija, si bien la niña no es mía yo la quiero porque es chiquita y no sabe lo que pasa, es por eso que prefiero denunciarlo aunque eso me tenga que costar la vida. Ya no quiero que me siga pegando porque si algo le pasa a la menor de seguro va a ser porque yo nunca denuncie los golpes, es por eso que decidí asumir la denuncia a pesar de todo”, afirmó Mamani, mientras se sostenía la cabeza fijando la mirada en la lejanía tratando de encontrar la solución a sus aflicciones.

Asimismo, agregó que espera que el proceso burocrático al que debe responder no genere otro problema económico porque no cuenta con los ingresos suficientes para derogar este gasto.

Quiroga sostuvo también que, en la mayor parte de los casos, las personas que sufrían de abusos no continúan el proceso judicial por falta de recursos y un apoyo psicológico y legal en las entidades estatales, donde aguardan que la víctima sea quien erogue todos los gastos a pesar de su condición social y económica.

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