Jindal, ¿ejemplo para los inversionistas?

Desde hace muchas décadas, el yacimiento de hierro del Mutún es un anhelo de muchas generaciones; diversos gobiernos han expresado haber estudiado el caso y, algunos, han convocado a inversionistas para su explotación; estudios mostraron que se trata de un cerro con ingentes cantidades de hierro que significarían altos ingresos para el país; sin embargo, casi nunca hubo la decisión política para concretar acuerdos que permitan su racional explotación. Finalmente, por convocatoria del Gobierno, hace años que se presentó la compañía hindú Jindal Steel & Power Limited que firmó contratos para explotar el Mutún en el 50 por ciento del yacimiento minero.

El otro 50 por ciento de los yacimientos pasó a poder de COMIBOL para que como compañía del Estado y bajo la denominación de Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) también realice trabajos de explotación del mineral. Cuando todo tendía a ser realidad, surgieron las dificultades porque no se entregó la totalidad de tierras al concesionario; finalmente y después de largas discusiones, el caso se resolvió pero no se cumpliría con la entrega de gas para los hornos de reducción y fundición. En principio, se quedó en que serían 5.5 millones de metros cúbicos/día en 2014 los que YPFB debería entregar, y a partir de 2016 de 8 a 10 millones de metros cúbicos/día; al no ser posible proveer la cantidad inicial solicitada la oferta es de 2.5 millones de metros cúbicos/día.

Jindal Steel Co. firmó los contratos respectivos y, además, entregó boletas de garantía que el Estado boliviano podía hacer efectivas si no había cumplimiento a los contratos. El Gobierno cobró las dos boletas iniciales por un total de 18 millones de dólares. Jindal alegó que se trataba de una arbitrariedad. El 21 de mayo la ESM cobró la nueva boleta bancaria por 18 millones de dólares que sustituyó a las dos primeras, cobradas, aduciendo incumplimiento de contrato y hoy se habla de rescindir los contratos y, por su parte, la empresa hindú habría manifestado su acuerdo para alejarse de Bolivia, pero previo pago de las inversiones que habría realizado y otros montos que considera justos a su favor. Por supuesto, el caso tiende a ser juzgado por un tribunal internacional y no sería raro que dé la razón a los inversionistas y nuevamente Bolivia se vea perjudicada.

Todo muestra que en el tratamiento del caso para hacer efectivas las operaciones por parte de Jindal corresponden responsabilidades a ambas partes: el Gobierno por varios incumplimientos y también la compañía concesionaria que no habría cumplido partes importantes de los compromisos, según manifiestan las autoridades; pero lo cierto es que el país se ve perjudicado nuevamente por causas que se debía prever oportunamente y por incumplimiento de compromisos firmados.

Lo cierto es que, en los resultados, Bolivia resulta perjudicada porque sea cuales fueren los resultados de los acuerdos, directos con el Gobierno o mediante los estrados judiciales, el caso resulta un ejemplo de lo que no debía ser y es un antecedente que pesará grande y gravemente en el ánimo de posibles inversionistas en cualquier rubro que merezca ser explotado con la inversión de capitales y tecnología.

¿Cuánto perderá el país por este caso? ¿Cuáles son las realidades que alega Jindal Steel? ¿Qué factores no fueron cumplidos por el Gobierno boliviano? ¿Cuál es la realidad sobre la existencia de gas que, como se pregona, sólo alcanza para el consumo interno y para cumplir los contratos con la Argentina y con Brasil?

El caso es muy delicado, especialmente si se tiene en cuenta que ya se hizo público internacionalmente y se sienta graves antecedentes en contra de nuestro país que aparece nuevamente como nada confiable y que ello determina la necesidad de esperar garantías y seguridades jurídicas para pensar en inversiones. El Gobierno tendrá que actuar con mucha prudencia y seriedad en este caso que compromete al país.