Jindal espera la respuesta del Gobierno en el lapso de 30 días

Después que mediante una nota formal, Jindal Steel Bolivia (JSB), expresara su intención de terminar el contrato de riesgo compartido de explotación de hierro en el Mutún, la empresa hindú espera que el Gobierno boliviano acepte la misiva o decida ingresar en una negociación.

“Según las previsiones de las cláusulas del Contrato de Riesgo Compartido, en el plazo de 30 días a partir de la recepción de nuestra nota, se puede alcanzar algún acuerdo o contrariamente proceder a la resolución del contrato”, sostiene un comunicado de la empresa.

Jindal explica que su la determinación de alejarse del proyecto se debió a la falta de entrega total del área, de conformidad con la cláusula sexta del contrato de Riesgo Compartido Mutún RC, es decir la entrega material a Jindal Steel Bolivia del área con todos sus títulos saneados, libres de gravámenes y disponibles para el proyecto.

Reiteró que la segunda razón fue el incumplimiento para asegurar, garantizar y suministrar el gas natural, en los volúmenes requeridos por Jindal para el funcionamiento del complejo siderúrgico Mutún en su total capacidad, según lo definido en el contrato de riesgo Compartido.

“Entre otras condiciones imprescindibles para el cumplimiento de nuestras obligaciones en el contrato de Riesgo Compartido Mutún RC y la ejecución del proyecto Siderúrgico del Mutún tenemos la falta de voluntad del gobierno de iniciar el desarrollo de infraestructuras como ser: Puerto, Caminos, Agua, Energía, Gasoductos, imprescindibles para viabilizar la producción y la logística de los suministros, y la exportación en gran escala, tal como lo establece el contrato de Riesgo Compartido”, indica el comunicado.

La empresa hace referencia a que se enfrentó a acciones prepotentes e ilegales con la ejecución de boletas de garantía por un monto que asciende a los 36 millones de dólares, situación que en derecho han dado lugar al inicio de un arbitraje internacional en la corte internacional de París.

“Lo anterior, junto a la falta de una sincera voluntad de entendimiento por parte de los responsables de la ESM y del Ministerio de Minería y Metalurgia orientada a encontrar una solución real a la entrega de la cantidad de gas requerida para el proyecto y su necesaria reprogramación y adecuación mediante una adenda al contrato, produce una situación de inseguridad jurídica para el inversor”.

La nota indica que la inseguridad jurídica se hizo más evidente aún, ante el inicio de una demanda penal a los principales ejecutivos de esta empresa, aduciendo la supuesta comisión de incumplimiento de contrato, denunciada ante la Fiscalía especializada en persecución de delitos de corrupción en la ciudad de La Paz, la cual inició una investigación de oficio citando a los ejecutivos, bajo la pena de orden de aprehensión de acuerdo a la previsión legal contenida en el código de procedimiento penal.