La crisis de España impacta en los inmigrantes

La crisis económica que afronta España, obliga al Gobierno a tomar medidas para limitar la llegada de inmigrantes y aliviar esta carga con medidas que permitan la salida de indocumentados que no consiguen trabajo o que laboran en precarias condiciones.

España ha dejado de ser el paraíso laboral de años atrás, los extranjeros que llegaron en busca de trabajo son los más afectados por la crisis y muchos optan por regresar a su país de origen.

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de septiembre del 2011 contabilizan en 5.200.000 los extranjeros que viven con residencia en España, donde solo el 11,7% son de países no miembros de la Unión Europea. El Gobierno estima que los extranjeros que residen de manera irregular en España son 500.000, este colectivo es el más afectado con las nuevas medidas optadas por el Gobierno de Rajoy en el ámbito de inmigración.

Las medidas más destacadas que ha implementado y otras que optará en un breve el PP son:

Retirar la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España, a partir del 1 de septiembre de 2012. Las nuevas normas de acceso a la sanidad en España caen sobre los extranjeros que no tengan residencia legal en España, es decir que se encuentren en situación irregular. Estos solo tendrán prestación médica básica sanitaria, es decir asistencia de urgencias hasta el alta, asistencia por maternidad (embarazos, parto y post parto) y cuidados de los niños. Las tarjetas actuales tendrán vigencia hasta el 31 de agosto del 2012, a partir de esa fecha deberán demostrar que están dados de alta en la Seguridad Social para tener derecho a la prestación.

Esta modificación de la Ley afecta a extranjeros en situación irregular y extranjeros que entran en España como turistas desde países que no tienen convenio sanitario con España. Los países que tienen acuerdos son todos los países de la Unión Europea y Marruecos, Túnez, Chile, Brasil, Perú y Ecuador. Los niños menores de 18 años recibirán la misma prestación que los nacionales españoles.

El gobierno de Rajoy ha expresado su deseo de modificar la normativa para eliminar el arraigo y crear en su reemplazo un visado para buscar empleo y de esa forma asegurar el retorno a su país de quien no pueda encontrar trabajo.

Agilizar las expulsiones de no regularizados ‘Expulsión express’, se daría un marco legal a una situación que se realiza desde hace tiempo, se tomarían medidas para agilizar los trámites de expulsión de extranjeros no regularizados o aquellos que han cometido algún delito. El Gobierno tiene previsto endurecer y reformar la Ley Orgánica de Extranjería antes que finalice el año.

Dar vivienda en parte de pago para saldar deuda a bancos. Debido a la situación de muchos extranjeros en paro, que desean acogerse al retorno voluntario a su lugar de origen pero se encuentran asfixiados por deudas hipotecarias; el Gobierno regularía en el Decálogo de buenas Prácticas para bancos la posibilidad de entregar el bien en pago, es decir que las viviendas se darían a cambio del saldo o parte de las hipotecas.

Parejas de hecho. También el ejecutivo exige mayor control a las delegaciones ante las peticiones de inscripciones como pareja de hecho. En noviembre del 2010 se establece una nueva normativa que permite la inscripción en los registros municipales como pareja de hecho con solo solicitarlo. Con ese registro si uno de los integrantes de la pareja es comunitario, se puede pedir la tarjeta de residencia de familiar comunitario y de esa forma poder trabajar de manera legal en España. Esta modificación de la ley se ha convertido en la solución para muchos inmigrantes irregulares, que con una simple inscripción como pareja pueden solicitar la tarjeta de residencia. Han saltado las alarmas al ver el incremento de inscripciones, y el ejecutivo ha solicitado más controles.

Desaparece el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, el Ministerio de trabajo suspende el fondo durante 2012. La asignación del año anterior superó los 67 millones de euros, ayudaba a las Comunidades en la creación de programas para fomentar la integración de los inmigrantes.

Tiene previsto endurecer las sanciones a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, considerará delito tener un trabajador irregular sin estar dado de alta en la Seguridad Social o sin contar con la autorización de trabajo, incluye en este apartado a las empleadas del servicio doméstico. (Agencias)