La OEA y la cuestión del Pacífico

“El tema del mar ha sido siempre un tema de urgencia, y es pertinente señalar que el tiempo corre y no admite que en familia alguna el hermano lesionado no sea auxiliado por los que están mejor dotados. Esa familia es América y ese hermano lesionado es Bolivia”, “La Patria está envejeciendo con los labios secos, lejos del MAR”, dijo el presidente de la Academia Boliviana de Historia, don Porfirio Díaz Machicao, en ocasión del ingreso a dicha institución del intelectual boliviano Federico Nielsen Reyes, el 6 de diciembre de 1960, con su tesis: “Volveremos a la vecindad del mundo”. Es que entre los estados de América no se conoció, hasta 1879, las guerras de conquista. Ninguno de los pueblos de este continente había pretendido, por las armas, ensanchar su territorio a costa de las naciones hermanas.

Para que aquel retorno sea cierto, será fundamental trazar la mejor estrategia geopolítica, pero sin anticipar el contenido de esa estrategia, tal cual lo manifestó el presidente Morales el pasado año, acicateado por un entorno que -como en todo gobierno- pulula alrededor del poseedor del poder.

Aquella tesis contiene excelentes recomendaciones que, en la hora presente, deben ser aprovechadas por la Cancillería.

Durante muchos años, los gobiernos del pasado han llevado a todos los foros internacionales el justo reclamo de la reivindicación marítima, precisamente apoyados en aquel concepto de hermandad latinoamericana, y últimamente en el enunciado de la “hermandad de los pueblos” del continente, con la seguridad de que los países mejor dotados acudan en ayuda al hermano lesionado, al extremo de que la respuesta no ha sido la que éste esperaba, con excepción de la Resolución de Octubre de 1979, originada precisamente en otra Asamblea de la OEA, cuyo contenido se refiere a la necesidad del diálogo bilateral entre los gobiernos de Chile y Bolivia para resolver este problema más que centenario, reconociendo que el encierro en el que se encuentra Bolivia conspira para su no desarrollo.

Lo ocurrido como corolario de la 42 Asamblea Ordinaria de la OEA nos está demostrando que no es el escenario para lograr la revisión del Tratado de 1904, que por su origen es evidente que fue obtenido por la fuerza, al extremo de que en el año 1900 nuestra diplomacia fue engañada por el ministro chileno Abraham Konig, que había insinuado una consulta popular a los pueblos de Tacna y Arica, para posteriormente entregar a Bolivia el puerto de Arica. Dicho ofrecimiento fue para lograr finalmente la suscripción del Tratado del 20 de octubre de 1904, pero la tal entrega no se la practicó en razón del Tratado de 1929 entre Chile y Perú.

Todo tratado es revisable, y se tiene ejemplos al respecto, pero también es cierto que aquella revisión debe ser entre las partes involucradas en el mismo, por la vía del entendimiento amistoso, y si acaso no fuera posible este mecanismo, existen otros que tiendan a obligar, sino a la nulidad, a dicha revisión.

El revisionismo se ha convertido en un tema escabroso de la política interamericana, siendo de permanente actualidad, por ello se debe reconocer que todo tratado internacional trae implícito la posibilidad de su modificación con alteraciones parciales o totales que induzcan, finalmente, a la nulidad dentro del principio rebus sic stantibus, y su sustitución por uno nuevo.

No se debe ignorar lo invocado por el canciller ecuatoriano Salvador Lara, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión del 26 de septiembre de 1966, cuando decía: “Reconocer la validez de los instrumentos suscritos con coacción manifiesta, que hizo imposible el libre consentimiento de una de las partes, es un absurdo jurídico y ético. Por eso tales instrumentos no llegan a ser tratados, son NULOS AB –INITIO; pues lo que desde el principio es nulo, ES INEXISTENTE, y lo inexistente nunca puede tener efecto jurídico alguno”.

Nuestra Cancillería ha demostrado una vez más que no estamos eficientemente preparados en el tema, porque es de caballeros reconocer que nada se ha avanzado en la solución de una salida soberana hacia el Pacífico, porque cada Gobierno nacional adopta su propia política que le da discontinuidad y falta de coherencia, lo que significa que no se tiene una tendencia racional y uniforme que encauce las energías del poder nacional en una sola dirección. Es decir que no se tiene una política de Estado por la ausencia de especialistas en Derecho Internacional Público e Historia, tal como hoy se demuestra por la denominada comisión DIREMAR, donde se improvisó a personas ajenas a dichas disciplinas. Por eso otro fracaso.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).