(ANF).- El Gobierno, a través del vicecanciller Juan Carlos Alurralde, reiteró ayer, no haber recibido hasta la fecha, una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respecto a un asilo político a favor del senador boliviano, Roger Pinto Molina.
“No hemos tenido una comunicación oficial. No hemos recibido nada. Nos hemos enterado (asilo político de Roger Pinto) por los medios de comunicación. No hay nada en nuestro despacho”, dijo el vicecanciller Alurralde al canal estatal Bolivia Tv.
El diputado Andrés Ortega, de Convergencia Nacional, pidió el sábado la entrega de un salvoconducto para la salida del senador Roger Pinto a Brasil.
“El senador Pinto requiere de un salvoconducto que anularía todas las medidas legales que podrían impedir su salida a Brasil. El Gobierno tiene que cumplir con los tratados internacionales sobre asilo político”, dijo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil mediante su página web informó a las 15:15 horas del viernes pasado que fue aceptada la solicitud de asilo del senador pandino Roger Pinto.
“El Gobierno brasileño decidió conceder el asilo nacional al boliviano Roger Pinto Molina, a las luz de las normas y prácticas de los países latinoamericanos del Derecho Internacional y del párrafo X (concesión del asilo político) del artículo 4 de la Constitución Federal”, destaca la declaración escrita de la cancillería brasileña.
El ex senador Luis Vásquez Villamor, abogado Roger Pinto, explicó que el Gobierno de Bolivia deberá entregar un salvoconducto para garantizar el traslado de Pinto desde la sede de la embajada de Brasil hasta el aeropuerto de El Alto para que viaje al vecino país para que se beneficie del asilo político.
Roger Pinto, ex prefecto de Pando y ex presidente Corte Departamental Electoral, está imputado en 21 procesos judiciales en su contra.
Estos son los juicios: dos por irregularidades en fondos de avance, cuatro por desbosque, cuatro por incumplimiento de deberes, uno por venta irregular de terrenos, uno por corrupción, uno por contratos lesivos al Estado, cinco por desacato, uno por sedición y otro por desacato y sedición.
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