Otra de las novedades de los tiempos actuales es que las concesiones mineras se adjudican y se revierten por presión y no conforme al Código Minero y sus procedimientos. Si bien esta realidad tiene numerosos antecedentes en lo que va de la administración Morales, se confirma por los casos de la mina de Colquiri o Sinchi Wayra y Mallku Khota de la South American Silver. En uno y otro, el Gobierno se halla al vaivén de las exigencias de cooperativistas y mineros asalariados con intereses encontrados.
La cooperativa 26 de Febrero de Colquiri, poseedora de una concesión en ese lugar, pretende avanzar sobre los parajes de la Sinchi Wayra alegando agotamiento de su veta original. Los asalariados demandan la nacionalización del emprendimiento privado y el Gobierno parece acceder, pero duda para no contrariar a dicha cooperativa que, como el resto, es su aliada política, la que tampoco quiere competidores.
El sector asalariado esgrime el apoyo de la FSTMB y la COB y en el fondo busca mantener tal situación a expensas de la Comibol, no obstante, se conoce la precariedad de esta entidad del Estado que más pronto que tarde cargaría con el peso de un nuevo frente salarial, cuando los altos precios del mineral amenazan baja. La presión es tal que al parecer la concesionaria privada está dispuesta a compartir sus concesiones legales con la cooperativa. En el conflicto todos tienen voz y voto menos la Sinchi Wayra, a la que nadie le preguntó al menos su opinión. Es que ahora otros deciden la suerte de cualquiera, aunque le signifique la pérdida total de su inversión y de sus intereses.
En Mallku Khota (Potosí) la “madre del cordero” es la variedad mineralógica de la región, que alberga plata, oro, indio, galio, etc., todos con ricos mercados externos. Por una parte, están los de tinte avasallador que -siguiendo la moda- marcharon a la sede de Gobierno para exigir se revierta la concesión de exploración, proceso previo al de explotación que, como es obvio, depende del primero. Este grupo fue tildado de “juku” y de ser extraño al lugar. Más cautos pero no menos utilitarios tenemos a los que se alegan como pertenecientes a los auténticos ayllus de los alrededores. Estos apoyan la exploración, que de un modo u otro les dará pautas de lo que realmente existe. Quieren proteger los beneficios derivados de los cateos y se quejan de avasallamientos. Sin embargo, al no haber encontrado eco en el gobierno dijeron que continuarán la explotación rudimentaria de oro, actividad tachada de contaminar las aguas vistas y subterráneas por el uso de mercurio.
La conclusión de estos conflictos no puede ser otra que ampliar la mala imagen del país por la falta de seguridad jurídica a las inversiones, cada vez más esquivas. A ello se suma el cuadro de incertidumbre interna a los ya pocos emprendimientos mineros privados existentes que sólo aguardan el turno de avasallamiento tolerado por la autoridades. También cuenta la baja producción pese a los todavía altos precios internacionales, mientras los países del continente ensanchan sin tregua la explotación minera con fuentes de trabajo y grandes utilidades para sus Estados.
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