Madrid.- La cumbre de la Tierra Río+20 que se celebra este mes en Brasil no generará grandes acuerdos vinculantes, pero sí pequeños avances en temas clave como la protección de las aguas internacionales y el crecimiento estable de las inversiones en las energías renovables.
“Hay un grado alto de optimismo en lograr acuerdos en aguas internacionales y océanos”, manifestó ayer el coordinador de Biodiversidad de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, para quien estas cumbres sirven para recoger “flecos” que no se sustentan bajo un marco jurídico legal, pero que es importante ir desarrollando.
Durante una reunión informativa, Soto explicó que de cara a Río+20, Greenpeace propone un Plan de rescate de los Océanos que genere un acuerdo en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Unclos), que proteja las aguas internacionales y excluya al Ártico de prospecciones petrolíferas, informó Efe.
Este acuerdo garantizaría la gestión de los recursos oceánicos de forma sostenible, la creación por parte de los gobiernos de una red global de Áreas Marinas Protegidas y la modificación de la actual gestión pesquera para acabar con la sobreexplotación y la pesca ilegal.
“Sería un logro alcanzar este acuerdo -continuó-, pero en este punto se juegan los intereses de muchos países, entre ellos Estados Unidos, que además este año celebra elecciones y no se implica en temas importantes de cara a su electorado”.
Para la organización ecologista, es prioritario que Río+20 vincule el “desarrollo sostenible” a los Objetivos del Milenio de la ONU, y en este punto criticó la actuación de países poderosos que evitan resolver los problemas derivados de las “crisis alimentarias” salvo en casos puntuales de “hambrunas extremas”.
El desarrollo sostenible debe ser “un grito de guerra” para empezar una transición a una economía justa que implique un mayor desarrollo de las energías renovables y el final de las ayudas a las energías sucias, recalcó Soto.
Desde Greenpeace insistieron en la necesidad de un “compromiso serio” que elimine la deforestación de los bosques para el año 2020 y los subsidios a las energías fósiles y la energía nuclear, y de convertir el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), en una Agencia de la ONU con presupuesto propio.
Por otro lado, los ecologistas reprocharon diversas decisiones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que supusieron el incumplimiento de acuerdos internacionales en materia ambiental como la moratoria a las renovables, la prórroga de la vida útil de la central nuclear Garoña o la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas españolas.
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