En un país pobre y subdesarrollado como el nuestro, muchos son los factores que contribuyen a acentuar las urgencias y necesidades de quienes están sujetos a ingresos fijos como son los sueldos y salarios. Para el Gobierno – como ha ocurrido en el pasado – son fáciles las soluciones: una de ellas, decretar incremento al salario básico sobre la base del índice de inflación de la gestión pasada y, ante las exigencias de incrementos por parte de empleados de la burocracia y de los diversos sindicatos, disponer aumentos salariales en la misma proporción que al sector público.
Las reacciones son de diversa índole: los trabajadores encuentran siempre bajos los porcentajes ofrecidos porque en modo alguno se parangonan con las exigencias de los diversos sectores que exigen infinitamente más que la oferta; para el empresariado, no corresponde que el Gobierno fije porcentajes y que, si hay incrementos será con base en negociaciones entre trabajadores y empresarios de acuerdo con las posibilidades de cada empresa. Lo cierto es que nadie sale satisfecho y se crea una especie de semillero de nuevos conflictos que, en poco tiempo, se traducen en nuevas exigencias imposibles de satisfacer.
El resultado de las exigencias y de las concesiones es que no hay sueldo o salario que compense siquiera mínimamente los índices de la inflación porque los mismos aumentos determinan una nueva escalada de precios de lo que se usa y consume. Si hay ganadores son los comerciantes que, de todos modos, aumentan precios a lo que venden; lo mismo ocurre con las empresas que venden servicios porque las facturas llegan al usuario con los debidos incrementos. Hay, pues, una bola de nieve imposible de parar.
Vivir en pobreza – extrema en muchos casos – es doloroso para una población que, al igual que la que cuenta con un cargo, resulta más problemática. En este caso, los que no tienen empleo o situación fija están supeditados a vivir con montos provenientes de ahorro, préstamos y cooperación de familiares y amigos; la situación es desesperante porque no hay empleo y el paso de días y semanas determina más sufrimiento para toda la familia. ¿Quién le pone remedio a estas situaciones de extrema necesidad y ninguna perspectiva de cambiarla? Al no haber “bonos de cesantía”, como ocurre en países ricos y desarrollados, el drama es grande.
La situación de los que ganan muy poco y, peor, la de los que no tienen ningún ingreso, tendría que tener algún remedio que el Gobierno estudie: así como se ha creado “bonos” de diferente naturaleza y que en muchos casos sólo tuvieron razones político-partidistas, se debería crear montos especiales para quienes adolecen de pobreza extrema. El Gobierno se jacta de contar con ingresos extraordinarios – parte de ellos incrementan las reservas –; alega que invertirá parte de ellas en nuevas empresas cuando lo ideal sería crear obras de infraestructura de beneficio general y ahí abrir fuentes de empleo especialmente para personas que cuentan con alguna preparación, tengan experiencia y puedan cumplir labores importantes en obras de bien común.
Por otro lado, estudiar el caso de los “bonos especiales” y darles un destino más humano, más acorde con las urgencias y necesidades de quienes sufren por carencia de todo, porque las angustias de quien necesita más nadie puede solventar y su atención requiere tomar conciencia de lo que son y darles los remedios consiguientes.
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