La OEA en el laberinto de la soberanía alimentaria

En la reciente Asamblea de la OEA realizada en Tiquipaya, el gobierno del actual Estado Plurinacional insistió en que la alimentación constituye un “derecho de los pueblos” y lanzó el estribillo de que exista seguridad y soberanía alimentarias, argumento que en general merece apoyo por ser interés para el mundo actual, cuyo aumento de población es alarmante y ha actualizado la famosa Ley de Malthus, que sostiene que mientras la población crece en forma geométrica, la producción de alimentos aumenta sólo en progresión aritmética.

La propuesta, que es en realidad una perogrullada, tiene, sin embargo, notorias falencias, pues, en primer lugar, confunde soberanía con seguridad alimentaria, mescolanza que da lugar a que se haga las críticas más diversas, ya que son conceptos absolutamente diferentes. Entre ellas se destaca que mientras por un lado la propuesta oficialista indica que la “soberanía” alimentaria se reduce “a decidir cómo, cuándo y qué queremos comer los pueblos”, por otro la “seguridad” alimentaria se refiere a que cada país se abastezca con su propia producción. Esa irregularidad en el uso de términos de tanta importancia conducirá indudablemente a que la propuesta caiga en saco roto.

Pese a ese error, la última reunión de la OEA aprobó una Declaración, la cual, naturalmente, estará destinada a tener muy poca suerte, afectando no sólo a Bolivia, sino a todos los países que la suscribieron, sin diferenciar lo que es “soberanía” y “seguridad” en lo que se refiere a la alimentación de los pueblos.

Empero, el proyecto de la “alimentación de los pueblos”, cualquiera sea el término con el que se lo bautice, en la práctica es aún más vulnerable y estará destinado al fracaso (especialmente en Bolivia) porque se trata de una proposición nebulosa, una buena intención nada concreta que, al mismo tiempo, al no tocar ni superficialmente problemas más de fondo (vale decir las causas), terminará en un gigantesco cero, con el agravante de que habrá crecido no sólo el hambre en Bolivia sino en todos los lugares donde no han sido resueltos los diversos puntos en los que consiste la aguda cuestión agraria.

En Bolivia, en particular, desde hace años diversos gobiernos han dictado medidas en relación con esos dos asuntos. Sin embargo no hubo avance en algún sentido y menos aumentó la producción agropecuaria. Por el contrario, el Gobierno actual frente a ese descalabro se ha visto obligado a hacer grandes importaciones de diversos alimentos por alrededor de 800 millones de dólares al año para aliviar la escasez de alimentos, evitar un estado de hambruna y que se produzca el trompetazo de una crisis social que haga caer las murallas de Jericó de la Plaza Murillo. En síntesis, la soberanía y seguridad se convirtieron, más bien, en pérdida de soberanía e inseguridad alimentaria.

Por la forma cómo se está encarando esos dos aspectos, sin duda va a terminar en un fracaso, pues, para salir del paso, sólo se está atendiendo aspectos de mínima cuantía del problema y se ha dejado de lado las causas principales referidas a la producción de artículos de consumo inmediato. Es más, la Constitución vigente y la nueva legislación agraria frenan y arruinan aún más la agricultura y, por tanto, ningún problema se resuelve, lo cual significará que seguiremos en marcha poco menos que desembocada al abismo de una gran crisis y la OEA también será responsable de ese fracaso.

Se debe agregar que el único renglón de la agricultura que aumentó y aumentará su producción será el de la coca, cultivo para el cual en últimos años se ha dictado amplias medidas proteccionistas, erradicando miles de hectáreas de frutales, verduras, papa, café y otros y destruido campos de pastoreo para la ganadería, lo cual anticipa que la Declaración sobre alimentación de la OEA en Tiquipaya se convertirá en un bumerang que se volverá sobre la cabeza de quienes la propusieron y suscribieron.