Desde su vida republicana, La Paz, sede del Gobierno central, nunca había llegado a ser escenario de marchas y manifestaciones de tan grande magnitud, como lo es actualmente, al extremo de que en un mismo día se observa a dos o tres grupos de manifestantes, con demandas de diversa índole, provocando un caos impresionante, que no se da en otras capitales del exterior. Por esta situación, la población es castigada, ya que se producen escenas de violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden, que tratan de aminorar la acción de grupos sociales que perturban la tranquilidad a la que tienen derecho quienes viven en esta ínclita ciudad.
Anteriormente hacían manifestaciones diversos grupos sociales de la misma ciudad, pero ahora los manifestantes se desplazan desde diferentes departamentos, en grandes caminatas de a pie, alineados en columnas, para llegar a la sede del Gobierno, porque consideran que sus problemas no son solucionados por sus autoridades locales, por no tener poder de decisión. De esta forma, La Paz está siendo invadida constantemente por varios organismos sociales, lo que origina en sus habitantes nerviosismo y temor.
Lo peor es que tienen que contemplar agresiones y enfrentamientos, provocados por los marchistas, a cuyo paso por las calles y avenidas hacen detonar petardos y cachorros de dinamita, que provocan ruidos que hacen añicos los vidrios de edificios aledaños, sin contar otros destrozos del ornato público. Llevan la peor parte ancianos y niños que deambulan por los alrededores, cuando la Policía actúa con gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes.
La población allegada al centro de la urbe, como único medio de defensa cierra negocios y oficinas, por temor a las agresiones de los marchistas. Los transportistas urbanos y comerciantes formales e informales, temiendo ser asaltados, huyen en desbandada. En esta forma, el desplazamiento de los paceños es un vía crucis, porque los embotellamientos de vehículos significan caos para transeúntes y conductores.
El ingreso a la Plaza Murillo es el trofeo que persiguen todos los manifestantes, por ello tratan de romper el cerco policial, con acciones que nos hacen recordar la época del Imperio romano. Ante estas manifestaciones permanentes, preparadas por todo tipo de organizaciones sociales que luchan por sus reivindicaciones, la ciudad de La Paz claman para que, entre otras medidas, el Poder Ejecutivo y la Asamblea legislativa emitan un decreto para que las diferentes demandas sociales que se dan en alcaldías y gobernaciones de cada departamento o región, deban ser atendidas en sus distritos o jurisdicciones, por las autoridades respectivas. Dicho decreto les daría poder de decisión.
En esta forma por lo menos un 50% de las demandas reinvindicacionistas sería resuelto, sin tener que apelar a medidas extremas, como el desplazamiento a la sede del Gobierno central y sin negar el derecho a la protesta, evitándose enfrentamientos peligrosos que ponen en riesgo la estabilidad constitucional de cualquier Gobierno. Alguien decía que los paceños ya estamos acostumbrados y cuando se suceden hechos como los mencionados, sólo atinamos a sacudir los hombros, esperando que el altísimo se compadezca algún día de nosotros.
El autor es ex docente de la UMSA.
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