Transparencia oscura

Ha llegado a mi correo electrónico un Proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dic. 2006). Es bueno establecer o mejorar normas que favorezcan el libre flujo de la información pública. Es malo que una institución que promueve la transparencia, sea tan poco clara en la descripción de sus metas. No examiné el mérito del proyecto, sino la abundancia de palabras y los tropezones de sintaxis y gramática elemental en un documento que, por definición, es… elemental.

El primer párrafo de la exposición de motivos deja al lector frente a un alud de palabras. “A lo largo de la historia de nuestro país, el ciudadano común ha encontrado una infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, incluso sobre aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal”. Quizá los redactores quisieron decir: El ciudadano ha librado siempre una batalla desigual cuando trata de obtener información pública, incluso sobre aquella que le interesa de manera directa. Suele impedírselo una maraña burocrática, con frecuencia protegida por normas que complican el acceso del ciudadano a informaciones que un estado democrático debería colocar fácilmente a su disposición.

El siguiente párrafo es más complicado y hay que tomar un respiro profundo y armarse de coraje antes de emprender la lectura:

“Estos obstáculos al acceso a la información si bien se han venido ejerciendo principalmente desde la administración pública, también han tenido gran participación el ámbito de sector privado, aún más con el regreso de políticas gubernamentales de carácter neoliberal que han incurrido en el abuso del poder económico, de manejo de recursos económicos de la población de manera irrestricta. Estos hechos han generado actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, de manera que se han generado negocios de carácter internacional irregulares como es el caso de los contratos para la explotación de nuestros recursos gasíferos, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz como la anterior Ley de Hidrocarburos. Ni que decir de los Gastos Reservados, de administración directa de la Presidencia de la Republica, y de los que hicieron uso y abuso los gobiernos demodictatoriales y con los cuales se causó dolor y sangre a la población boliviana”.

Una primera observación: Faltan comas y acentos. Pero eso es detalle menor. Veamos el resto. Los obstáculos no se EJERCEN, sino se colocan. Se ejerce un derecho y se levanta o se quita, se aparta un obstáculo. Lo que viene a continuación quiere decir que esos obstáculos también son puestos por el sector privado, pero está tan mal organizado el concepto que uno se marea, más aún con el adjetivo “neoliberal” que aparece emboscado en esta “neoredacción”. Luego hay una extrapolación. Los obstáculos han provocado una corrupción que incluso llegó a las leyes sobre hidrocarburos vigentes entonces. (Como no hay una nueva Ley de hidrocarburos, quiere decir que los obstáculos y las acechanzas de corrupción permanecen.) La extrapolación llega al paroxismo: “Ni qué decir de los Gastos Reservados” (¿por qué con mayúsculas?), etc. Está bien que se proteste contra la manera discrecional y oscura de manejar fondos públicos, que pertenecen, por definición, a todos los bolivianos, no a un gobierno que, en todo caso, los administra. Pero en este contexto la cuestión parece jalada de los cabellos.

Vimos sólo dos párrafos. La introducción y la ley tienen 15 páginas.

El autor es periodista.

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