Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública podría ser otra “tenaza” de persecución

En las próximas semanas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública será tratada en el pleno de la Asamblea Legislativa, después del proceso de socialización que ya comenzó desde el Ministerio Anticorrupción. Sin embargo, el académico en comunicación Antonio Vargas, observó que la norma no garantizará el acceso a la información pública tal como necesita la población en general y que las restricciones anunciadas desde el Gobierno sólo tienen el objetivo de elaborar una persecución política a los opositores utilizando nuevos instrumentos jurídicos.

La nueva normativa proyectada desde el Ejecutivo se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y está destinada a garantizar el acceso a la información desde la sociedad civil. Sin embargo, ante este panorama, surgen nuevas observaciones desde sectores involucrados en la temática del flujo comunicacional e informativo, dados los antecedentes de otras leyes como la 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.

El académico explicó sus observaciones desde su experiencia como asesor de las organizaciones de prensa independiente, cuando se produjo el proceso constituyente y su posterior proyección en el gobierno de Evo Morales.

“Como la ha planteado el Gobierno, ésta es una ley que se acomoda perfectamente a las intenciones políticas en el Gobierno, no es una ley de acceso a la información sino que pretende ser parte de una tenaza política para hacer una elaborada persecución política de la oposición”, señaló Vargas.

Recordó que la primera propuesta del gobierno de Morales, surgió en marzo del año 2006 cuando la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, citó a las organizaciones representantes de la prensa para trabajar en audiencias públicas y reuniones con los ministerios de Justicia y de la Presidencia, entre otras instancias.

En el proceso surgieron las primeras advertencias sobre los términos de restricción, confidencialidad, secreto de Estado, que ahora volverán a ser debatidas en el proceso de socialización de la norma.

“El punto en el que nos trancamos las organizaciones de prensa es en el tema de las excepciones al acceso a la información, porque quién cataloga qué información y quiénes deciden. No puede ser el Gobierno, porque es un gran riesgo. Recordemos que esto ya se vio con una compra de armamento, que lo hizo Fernando Kieffer, (exministro ya fallecido) en el gobierno de Hugo Banzer, donde se escondió un hecho de corrupción como un supuesto secreto de Estado”, indicó.

Vargas lamentó que la última propuesta del Gobierno (2011) a través del Ministerio de Transparencia, tenga las mismas restricciones, más aun que éstas se basen en la clasificación a partir de decretos supremos o nuevas leyes.

“Eso no puede ser así, porqué quien hace las leyes y decretos y las resoluciones es quien tiene coyunturalmente el manejo del poder político, es decir, el Gobierno de turno”, manifestó.

Asimismo, indicó que el acceso a la información pública es referente a los recursos políticos, pertenece a la ciudadanía y no a un grupo en particular.

El acceso a la información pública debe ser en los 36 idiomas reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y debe tomar en cuenta los recursos para que esta información llegue también a las personas con capacidades diferentes, puntualizó Vargas.

También señaló que la apertura de información debe resguardar alguna información que por su naturaleza es privada, por ejemplo, la información comercial.

Otra aseveración del académico es que considera que el primer ciudadano en revelar información es el Presidente. “Debe hacer pública la información de su gestión durante el informe de gestión anual, acompañado además por una declaración jurada, aunque el informe de gestión se ha convertido en un discurso político”, afirmó.