Documento será tratado después de diez años

El primer intento por lograr la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue en el año 2002, cuando la diputada suplente por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Susana del Granado realizó la primera propuesta.

De acuerdo a los antecedentes registrados, Del Granado habría manifestado que el atraso boliviano para contar con una ley similar a la que tiene la mayoría de los países de la región, se debe a la distorsión del debate y a malos entendidos, algunos provocados por poco conocimiento de los aportes mundiales y también por razones políticas.

“Hubo confusión con los derechos propios de los periodistas y los derechos de los ciudadanos para conocer la gestión de la administración pública”, dijo en la oportunidad la representante del MIR.

Asimismo, los talleres iniciales no incluyeron presentaciones sobre la preservación de los archivos, sean de gestión, intermedios o históricos y en todos los niveles del Estado, hoy con autonomía nacional, departamental, municipal y originaria ni en los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial.

El debate se vio obstaculizado por las posturas encontradas entre los legisladores acerca de lo que se considera información reservada, confidencia y secreta, así como quién o quiénes definen la clasificación de la información generada o recibida.

En abril del 2006, el Gobierno del presidente Evo Morales hizo el anuncio acerca de la prioridad que se iba a dar a los sectores sensibles y estratégicos del Estado para investigar supuestos casos de corrupción.

Fue así que el Ejecutivo y el Movimiento Al Socialismo (MAS), plantearon a la Asamblea Constituyente el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información, como un mecanismo para combatir la corrupción pública.

El derecho al acceso a la información fue reconocido por la nueva Carta Magna, así como la conformación del Control Social, que es la instancia que tendrá mayor facultad para solicitar y fiscalizar la labor de gestión pública.