La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a ser tratada en los próximos días en la Asamblea no garantizará la disponibilidad de la información pública para la sociedad civil y las restricciones anunciadas desde el Gobierno sólo tienen el objetivo de elaborar una persecución política a los opositores, utilizando nuevos instrumentos jurídicos.
Este criterio fue expresado por el académico en comunicación Antonio Vargas, quien planteó sus observaciones desde su experiencia como asesor de las organizaciones de prensa independiente, cuando se produjo el proceso constituyente y su posterior proyección en el gobierno de Evo Morales.
