Colquiri, la nueva Torre de Babel

Bolivia se ha convertido en una verdadera torre de Babel donde debido al mal uso de las palabras y desconocimiento de su concepto (pues palabra y concepto son cosas diferentes), todos hablan diversos lenguajes, sin que nadie se pueda entender. Ese grave problema está arraigado en la llamada clase política que forma en todas las tiendas partidarias que existen en el país y, en efecto, confunden harina con arena y gelatina con gelinita.

Ese asunto puede ser detectado en forma sencilla en lo que se refiere al tratamiento que el Gobierno está dando a la mina Colquiri de propiedad de Comibol que, según los funcionarios de la alta jerarquía burocrática, está siendo “nacionalizada” sin entender el contenido conceptual de nacionalización, término al que se da los significados más absurdos que se pueda imaginar.

Efectivamente, en primer lugar se debe aclarar la figura. La mina Colquiri es propiedad del Estado por medio de Comibol. Esa mina estatal está concedida en contrato a una empresa minera privada que la explota desde hace varios años. Por consiguiente, la propuesta de “nacionalizar” ese centro minero estatal constituye una medida basada en un error semántico, pues una propiedad estatal no puede ser nacionalizada y tampoco estatizada (términos también de diferente contenido), lo cual consistiría en adueñarse de lo que ya es dueño uno mismo, de lo que le es propio.

En segundo lugar, lo que el Gobierno afirma hacer con la mina estatal de Colquiri no es, en realidad, una nacionalización, sino, en el mayor de los casos, recuperar para el Estado la explotación de su propia mina, expulsando, a la par, a la firma extranjera, o sea una estatización (o reestatización), naturalmente de acuerdo con la debida recesión del contrato, confiscación o expropiación de sus bienes, vale decir pagándole las inversiones realizadas, el lucro cesante y otros beneficios acordados por el estado de Derecho en vigencia.

Por consiguiente, Colquiri no puede ser nacionalizada porque no se puede nacionalizar lo que es nacional y que ya fue nacionalizado (como ocurrió erróneamente en otros casos). Lo que corresponde, en todo caso, es confirmar que Comibol es dueña de la mina y enseguida incautar, expropiar o confiscar los bienes de la empresa con los que explota el yacimiento, pago de las debidas indemnizaciones y, para cerrar el episodio, proceder a su explotación por parte de la empresa nacional, vale decir Comibol.

El embrollo de Colquiri y otras minas se origina precisamente en el mal uso de las palabras, como nacionalización y estatización, y como ese error semántico está arraigado en la mente de los funcionarios del Estado y que tiene su origen en la misma Constitución del Estado vigente, la cuestión se seguirá agravando y creando nuevos conflictos y malestar tanto a nivel interno como externo y, en particular, haciendo tambalear al régimen del sexenio.

El aspecto que causa desconcierto general es ese uso arbitrario de palabras. Además de confundir nacionalización con estatización, se habla de privatización, capitalización, compra, apoderamiento, asalto revolucionario y términos parecidos como si fueran una misma cosa, lo cual origina que el país -a partir de la Constitución, disposiciones legales desacertadas y opiniones de algunos capos de alto nivel-, sea empujado a convertirse en una verdadera torre de Babel, donde todos hacen lo que desean y hablan lenguajes diferentes, sin que al final nadie entienda a nadie y cada cual quiera hacer lo que le pide el cuerpo.

Para concluir. Se debe agregar que esa confusión en el lenguaje oficial de origen constitucional se extiende como una mancha de aceite sobre el agua a todos los niveles de la vida económica, política, etc. del país, actitud profundamente arraigada en niveles gobernantes que opinan a capricho, practican un nefasto voluntarismo y tienen al país convertido en un pandemonium sin solución a la vista. ¡Y esto no puede continuar así!