Candente panorama social

La situación social del país se sigue caldeando con creciente intensidad a medida que avanza el tiempo. Esa apreciación se confirma si se compara la actual situación del país con la que existía hace dos o un año atrás. En efecto, si bien el año pasado se registraban algunos movimientos sociales en forma de huelgas, paros, bloqueos y otras expresiones de malestar social, en los pocos meses de avanzado este año se registran acontecimientos de extraordinaria gravedad.

En las dos o tres semanas anteriores se han producido hechos sociales alarmantes, como la violencia de los indígenas contra otros indígenas en el yacimiento de indio de Mallku Kota, en el norte de Potosí; enseguida los sucesos de Colquiri que enfrentaron a mineros asalariados con mineros cooperativistas; paralelamente, los indígenas marchistas del parque Isiboro-Sécure han tenido que soportar, en su avance hacia La Paz, amenazas de violencia de parte de campesinos cocaleros; al mismo tiempo, mientras en algunos lugares por donde debían transitar los indígenas machistas gran parte del vecindario apoyaba a los indígenas del TIPNIS, otros grupos radicales trataban de oponerse a esos apoyos lanzando ostensibles provocaciones que estuvieron a punto de llegar a la sangre; además está el caso de la Jindal, el asunto con Chile…

Los casos citados no son todos, pues en otros distritos del país, otros grupos están en estado de guerra, como los campesinos de la frontera de Oruro con Potosí, los pobladores de Chuquisaca y Tarija e inclusive vecinos de algunos barrios de la ciudad de La Paz que se dedican al loteo de tierras privadas.

Aparte de esos enfrentamientos en el medio rural, otro factor caldea el actual estado de cosas del país y es la agitación social urbana que ha hecho desatar al Gobierno, a diferencia de una persecución política, una verdadera persecución judicial a personajes políticos, inclusive un senador, un general y otros. Entretanto, los empresarios se quejan de la falta de seguridad jurídica.

Si se observa, en general, esa cantidad y sucesión de acciones de violencia se puede afirmar, en primer lugar, que el país se ha vuelto escenario de un campo de batalla entre sectores sociales de diversas clases y razas sociales. En segundo lugar, se confirma que los enfrentamientos ahora son mucho más violentos que los de años pasados, pues se registra mayor cantidad de heridos, muertos y hasta apresamientos de caciques y curacas de algunas comunidades (Mallku Kota), algunos de los cuales fueron denunciados por actos de violencia al extremo, como torturar e intentar enterrar vivo a un policía, al mismo tiempo que otro corría la misma suerte.

Por otra parte, se constata que mientras hace algunos años los casos de aplicación de la fementida “justicia comunitaria” eran excepcionales, ahora se han convertido en el pan de cada día, con el agravante de que en anteriores casos, el Gobierno adoptó tímidas medidas para evitar esa ola de violencia, mientras ahora pareciera que se hace el de la vista gorda, mira la crisis con una indiferencia rayana en la omisión penal y hasta, se afirma, la estaría fomentando.

En conclusión, se puede pensar que si la situación social de este año se ha agravado en relación con el anterior, no se sabe qué se puede esperar en próximos años.