El lado oscuro

III.- Para concluir esta revisión y comentarios sobre el libro del Dr. Luis Fernando Mostajo Cavero, sobre el “lado oscuro” en la aplicación de la justicia en Bolivia, es muy importante tocar sus principales recomendaciones, en cuanto a cómo se debería reformar el sistema jurídico boliviano. Las recomendaciones contenidas en el epílogo son el resultado de esa dura experiencia, de las experiencias recordadas a lo largo de las 270 páginas del texto.

Él le dice al lector: “en el relato de los nueve casos, he expuesto las vías de la negociación, la mediación, la administrativa y la judicial, como caminos que los abogados podemos seguir en la defensa de los intereses de nuestros clientes”.

Prosigue: “los hilos movidos por el poder político en su lado oculto, sin reglas de ninguna clase y sin límite alguno, han torcido el resultado natural, legal y moral que debieron tener algunos de los casos expuestos y me han llevado, una vez más, al convencimiento de que en nuestro país hay mucho que cambiar en el Estado”.

Añade, con una cierta amargura: “es probable que la mayoría de mis colegas abogados no haya vivido las pesadillas que yo tuve que pasar en el ejercicio de la profesión, así como también es posible que varios de ellos hayan tenido peores experiencias que las mías”.

Sin embargo de todo ello, al profesional probo le queda la ilusión de que es posible “sanear el manejo de la cosa pública y de mejorar nuestra administración de justicia”. Con esa convicción, elabora unas propuestas que vale la pena recordar, ya que el vendaval de los últimos años ha arrasado con el ordenamiento que existía y actualmente está vigente otro, bastante distinto al anterior.

Él creía que “los cambios que requiere la estructura del Estado y dentro de éste el Poder Judicial y el Ministerio Público, deberían ser introducidos en la Asamblea Constituyente, que con mucha fuerza demanda diversos sectores sociales o mediante el procedimiento que establece la actual Constitución Política del Estado” (en la actualidad, totalmente cambiada).

Su punto de partida era que “la proclamada independencia de los tres Poderes del Estado no existe. En los hechos, el Poder Ejecutivo se impone sobre el Legislativo y ambos poderes sobre el Judicial, salvo en excepcionales circunstancias”.

En concreto propone: “el nuevo sistema tiene que cambiar radicalmente la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Fiscal General de la República”. “Ese nuevo sistema tiene que romper la dependencia de las principales autoridades judiciales y del Ministerio Público, de los otros Poderes del Estado y de los partidos políticos”.

Claramente el sistema quedó modificado, para introducir el concepto de elección de los magistrados por el voto ciudadano. Pero, aplicando como siempre nuestro adagio: “hecha la ley, hecha la trampa”, los resultados no han sido de plena aceptación de la mayoría ciudadana y si uno, en calidad de ciudadano, analiza fríamente si el cambio ha sido positivo, le asalta una enorme duda, en particular cuando se introduce en los hechos el que uno de los más altos organismos del sistema, como es el Tribunal Constitucional, tenga a uno de sus miembros adoptando sus decisiones mediante la lectura en la “hoja sagrada”.