Luces y sombras del cooperativismo minero

SOMBRAS

Debido a su número y su consiguiente poder social, a su poder económico, a su distribución en todo el occidente del país, a su no dependencia patronal y a su facilidad de movilización, todos los gobiernos desde el primero de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), accedieron a casi todas sus demandas ejercidas bajo presión, como el bloqueo de las vías carreteras y la paralización del centro de la sede de Gobierno a plan de dinamitazos.

Consiguieron arrancar muchas disposiciones a su favor, entre ellas la condonación de deudas al Banco Minero, al Fondo de Exploración Minera y a la Caja Nacional de Salud, subvención a los precios del estaño y zinc en época de bajos precios, asistencia técnica de COMIBOL, intervención en el Directorio de COMIBOL, subsidio a la construcción de viviendas, formación del Fondo Minero de Inversión con 3 M$US para su reactivación.

En los últimos años se les dotó gratis de equipos mineros y vehículos y se creó el Fondo Financiero de la Minería con 36,5 M$us, que incluye el funcionamiento de una comercializadora de minerales. El poder político y social de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) es mayor al que tuvo la Central Obrera Boliviana (COB) en su mejor época, poder utilizado sólo en beneficio de su sector.

Por otra parte su fuerte caudal electoral ha sido y es un atractivo especial para los partidos políticos y los gobiernos de turno, que los mimaron con las medidas mencionadas y con su participación en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Mediante la Ley 3.787 de 24/11/07 (Régimen Regalitario e Impositivo Minero) se creó una alícuota adicional del 12,5% al Impuesto a la Utilidad de las Empresas de 25%, haciendo un total del 37,5%, que es pagado sólo por la minería privada y COMIBOL, porque las cooperativas mineras están excluidas del pago de este impuesto por ser consideradas unidades productivas de naturaleza social.

En 2011 las cooperativas pagaron por regalías 43,7 M$us, que representa el 4,1% de sus exportaciones, mientras que la Minería Mediana y COMIBOL pagaron por regalías e IUE 370,8 M$us, el 15,5% de lo exportado. San Cristóbal, la empresa más grande del país, pagó 194,2 M$us, el 17,9% de lo que exportó.

La gran mayoría de cooperativistas trabaja en las minas de COMIBOL (están en todas ellas excepto Huanuni), mediante contratos de arrendamiento, por el que pagan un canon del 1% sobre el valor neto de venta (valor bruto de venta menos costos de fundición y realización), que representa apenas entre el 0,5 y 0,8% del valor bruto.

En la mina Huanuni cuatro cooperativas con 4.000 miembros tenían parajes asignados fuera de las áreas de trabajo de COMIBOL. Ante su agotamiento, paulatinamente consiguieron más niveles de trabajo. Por su afán de controlar el yacimiento y teniendo capacidad económica, intentaron pagar 1,5 M$us a RBG Resources, por la compra de las supuestas acciones que esta empresa decía tener todavía, como consecuencia del disuelto contrato de riesgo compartido firmado con COMIBOL.

Al no prosperar esta compra, el 5 y 6 de octubre de 2006 sobrevino el enfrentamiento con los 1.000 trabajadores de la empresa estatal, con un saldo de 16 muertos y decenas de heridos, lo que se arregló con la asimilación de los cooperativistas a la empresa Huanuni.

Por el agotamiento de sus parajes en la mina Colquiri, el 30 de mayo pasado 1.200 miembros de la Cooperativa 26 de Febrero tomaron la mina Colquiri, exigiendo de la empresa Sinchi Wayra (que la operaba en contrato de arrendamiento con COMIBOL), otras áreas de trabajo. La COB, la FSTMB y los 400 trabajadores asalariados de Colquiri pidieron su nacionalización (en realidad rescisión del contrato) que fue aceptada por el Gobierno, medida a la que se opuso FENCOMIN, que decretó el bloqueo de caminos a nivel nacional y su presidente amenazó con la toma de Huanuni.

En negociación de las partes en conflicto con dos ministros, se acordó en principio dotar a los cooperativistas de nuevas áreas de trabajo, incluida la veta Rosario en toda su extensión; los cooperativistas ya habían rechazado ser asimilados por COMIBOL como en Huanuni. Seguramente en un futuro no lejano, volverán a solicitar nuevas áreas de trabajo, con los problemas consiguientes. Lo ocurrido en Colquiri, que puede darse en otras minas, es un golpe más contra la seguridad jurídica y la inversión privada.

COMENTARIOS

Por su forma de trabajo, la labor de las cooperativas en minas marginales (como Catavi, Unificada, San José, Viloco, Tasna, Tatasi, Santa Fe, etc.) es la única opción, pero los yacimientos con potencial minero como Huanuni, Colquiri y Bolívar que tienen reservas probadas, deben ser trabajados en forma mecanizada, que requiere de fuertes inversiones en el desarrollo y preparación de la mina, equipamiento y tecnología tanto en la mina como en el ingenio y desarrollo de infraestructura. No tiene sentido que alguien desarrolle reservas para que sean explotadas por otro.

El Gobierno debe tener claros los sistemas y las zonas de trabajo de los sectores mineros y hacerlos cumplir. Las repercusiones económicas del avasallamiento de minas y de la caída de producción de algunos minerales, son atenuadas por sus elevados precios, que inclusive dan la impresión de una minería en expansión. La bajada de precios y la carencia de inversiones por falta de seguridad jurídica, pueden mostrarnos una realidad muy dura.