A la sombra de contratos exorbitantes

El Ministerio Público ha iniciado investigaciones en la Cooperativa de Vivienda Policial por la exorbitante contratación de 141.000 dólares de un abogado, para la tramitación de dos juicios civiles. Se atribuye la contratación al director ejecutivo y al asesor legal de la entidad, pero extrañamente los nombres de éstos ni del abogado contratado han sido revelados por los fiscales asignados.

Según el compromiso firmado se debía pagar el 50% del monto a tiempo de la contratación, pero presurosamente se habría entregado más de lo convenido. La puesta en evidencia tendría origen en la falta de diligencia en la tramitación correspondiente, además que el indicado monto no guarda relación con el arancel del Colegio de Abogados ni con los honorarios profesionales en casos parecidos. No es la primera vez que COVIPOL se encuentra envuelta en actos visiblemente onerosos.

Tampoco es la primera vez ni la última que los organismos del Gobierno Central y las descentralizadas o autarquías incurren en semejantes hechos, aun cuando de por medio existen frondosos directorios, que no es raro que resulten involucrados. La toma de servicios profesionales u otros, efectuadas por estas reparticiones recaen tanto en la encomienda de tramitaciones judiciales como en otros filones millonarios de distracción de recursos, afectando la economía institucional, procedente de los contribuyentes al fisco o fruto de aportes y descuentos a las personas afiliadas.

Al tipo predilecto de negociados ilícitos pertenece también la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas de interés social o la edificación misma y, en grado menor, la refacción de edificios públicos, así como la compra de mobiliario y artefactos varios, sin evidente necesidad o utilidad. Un inmueble o un edificio no se deteriora en cortos períodos, como las constantes “manos” de pintura u otros arreglos parecieran sugerir.

En los anteriores géneros saltan a la vista las famosas “comisiones” que tienen carta de ciudadanía en toda la administración central, gobernaciones, alcaldías y descentralizadas en general. Del antiguo 10% del costo de la negociación, al presente se ha incrementado fácilmente al 20%, de modo que los contratistas -bajo pena de no clasificarse- lo calculan sagradamente en sus costos. Esta práctica viciosa subsiste inclusive en los concursos por licitación, aunque por ahora tal modalidad esté en franca decadencia.

En los contratos de defensa legal o demandas judiciales y en las adquisiciones de terrenos el grueso de la “ganancia” está en el monto comprometido. Tales formas de corrupción de ida y vuelta, fueron patrimonio de “neoliberales” y derechistas conversos en el pasado, perfeccionadas y difundidas en el actual gobierno del “cambio”. El desmesurado debut en YPFB, asesinato incluido, es muy elocuente al respecto. Desde entonces tenemos émulos como hongos y muchos gozan de buena salud. Ni la Ley Quiroga Santa Cruz, ni el ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción han tenido mejor suerte en la persecución y juzgamiento de culpables y cómplices. La impunidad, la ineficiencia y la venalidad siguen siendo los mejores aliados del desfalco y del enriquecimiento ilícito.