Médico recibe sanción desproporcionada

Elizabeth Zelada, de profesión médico, recibió con sorpresa la decisión judicial que se le impuso medidas cautelares, por un caso que se ventila en el juzgado quinto de Instrucción en lo Penal, por lesiones graves y gravísimas, supuestamente ocasionadas a la paciente María Cecilia Capra Seoane. El caso fue seguido por el Ministerio Público.

El hecho viene del 1 de diciembre de 2010, oportunidad en la que Capra Seoane fue internada en la clínica Sagrada Familia para someterse a un trabajo de parto, que, en primera instancia no presentó mayores problemas y en la que no estuvo presente la doctora.

Tras el parto, a la 1.30 del día 2 de diciembre, la doctora Fernández detecta un sangrado vaginal y, tras la consulta recibe una orden de medicar de la doctora Zelada, quien ayuda a detener el sangrado. A la 1.50 la doctora Zelada, tras revisar a la paciente ordena la extirpación del útero, razón por la que la paciente ingresa a cirugía donde para el sangrado.

Para entonces se convoca al doctor Germán Tórrez quien se excusa de asistir este caso porque alega que tiene un compromiso social.

A las 6.00 la paciente ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva. A esa hora recibe la evaluación del médico Romeo Camacho, quien señala que los signos visibles son estables y un estado óptimo de la paciente, con un promedio 15/15 en la escala Glasgow.

A las 9.00 la doctora Zelada evalúa a la paciente y detecta un sangrado, por lo que convoca a una junta médica, que no se lleva a efecto. Pero, a las 10.00, ingresa en escena el doctor Germán Tórrez, quien inconsultamente inyecta a la paciente el gluconato de calcio lo que provoca el paro cardiorrespiratorio de la paciente. Ante esta urgencia, tanto el médico Chávez, como el médico Tórrez no pueden entubar a la paciente, mientras que el doctor Camacho consigue este propósito. Tras 40 minutos de tarea reacciona la paciente, en ese momento tiene 4/15 en la escala Glasgow.

De acuerdo con la versión de los hijos de la doctora Zelada, la familia de la paciente Seoane jugó un rol ajeno a la búsqueda de justicia al ingresar en una actitud extorsiva, ya que le exigieron que asuma los costos de atención medica, mientras que liberan de culpa a Germán Tórrez que es quien aplico la inyección de gluconato de calcio.

Es más, el fiscal Franklin Aguilar que no tuvo acceso a la información médica de la paciente y que se halla prófugo de la justicia por hechos de corrupción, fue el primero en atender este caso.

La acción mediática que se lleva en contra de la doctora Zelada la perjudica moralmente, mientras el médico Tórrez sólo tiene detención domiciliaria, mientras que la primera siente que se la perjudica y pide un proceso judicial justo y transparente, con igualdad de oportunidades.

“Nuestra madre continúa con su trabajo médico, ella atiende a los pacientes en su consultorio. No ha disminuido la cantidad de pacientes que están a su cargo, al contrario ha recibido muchas muestras de apoyo, pero la familia quiere que concluya este proceso y se sancione a los verdaderos culpables”, cita Adrián Arredondo, hijo de la profesional.

Luego de haber constatado la existencia de una serie de anormalidades en el proceso que hizo que no se obre con imparcialidad a pesar de que se han presentado pruebas y argumentos médicos científicos que hacen que la doctora Zelada, pueda demostrar su inocencia.

En una primera instancia del cargo se hizo el doctor Franklin Aguilar, quién como autoridad del Ministerio Público, quién cometió errores de procedimiento debido a que no pudo emitir ningún criterio, porque no tuvo acceso a la historia clínica de la paciente en ese entonces María Cecilia Capra Seoane.

Producto de un serie de acciones en contra de la doctora Zelada, en el momento se insiste en afirmar una serie de hechos en contra, que sin embargo a los largo de las investigaciones las mismas autoridades han constatado que se han desestimado, pero producto de un supuesto tráfico de influencias se dieron a la tarea de condenar a la principal acusada como la única médica involucrada.