Grave atentado contra la seguridad interna

Después de los hechos y amagos de violencia e indisciplina que se vienen repitiendo desde tiempos próximos pasados, y como no se ha sentado precedentes para que éstos no se repitieran, nuevamente la Policía protagoniza un hecho inconcebible, que trasluce el eterno malestar de sus miembros de base por una justa demanda salarial. Estamos conscientes de que el salario que perciben no condice con el sacrificado trabajo que desarrollan, además de ser uno de las causantes de la corrupción. Pero ante todo se impone el deber ante su pueblo, que no puede permanecer huérfano, sin seguridad policial.

En algún momento dijimos que estas actitudes obedecen a una serie de factores que hacen a la misma institución en su estructura y conformación organizativa. Es un fenómeno psicológico policial que solapadamente afecta de manera negativa a todos sus niveles, mucho más a la tropa, debido a una precaria formación profesional. El conocimiento consciente de su capacidad de fuerza les hace posible plantear cualquier desbarajuste caprichoso, cualesquiera sean las razones, como alzamientos, motines y otros, que sólo expresan la indisciplina y desobediencia reinante en sus filas.

Por otro lado, están las actitudes del Gobierno, que dan lugar a estas reacciones de conjunto, que lejos del buen ejemplo, demuestran que la tenencia del poder otorga una especie de libertinaje en la forma de disponer de los medios e instrumentos que le cuestan al mismo pueblo. En cuanto al supuesto proteccionismo a la Policía, para dejar hacer y dejar pasar, que desconoce sus leyes, doctrinas y reglamentos, para politizarla y adoptarla como guardián de la seguridad y permanencia gubernamental, hoy vemos cómo el Gobierno puede quedarse totalmente desamparado.

Otro factor es su incomprensible comportamiento frente a los innumerables conflictos generados por él mismo. Tales actitudes lo han debilitado notablemente, restando respeto al Gobierno y las propias leyes, de aquí la patética descomposición y relajamiento del espíritu social, por lo que nadie respeta a nadie, tornándose en ataques y violencia.

No se le otorgó al sector policial con anticipación la debida atención y la solución a sus justas demandas; se dejó crecer el problema sin interesar las consecuencias ni prever las dimensiones y connotaciones de este entuerto. Por el contrario, se jugó a la pulseta como en todos los conflictos, minimizando sin algún criterio de realidad, por lo que al final se desencadenó un levantamiento o motín institucional, que por su fragor se torna en un levantamiento armado con fines inconfesables, una sedición de contenidos sumamente peligrosos e imprevisibles, que pueden terminar en un conflicto de alta intensidad. Es un intolerable exceso, un atentado contra la seguridad interna del país, un delito de lesa patria, ya que por medio de las armas (por más que no se las haya empleado) se ha ejercido la violencia y terrorismo, que fracturan todo orden constituido.

Aparentemente nadie en el Gobierno pudo tomar decisiones según los acontecimientos, ya que la ausencia del Presidente impidió adoptar medidas oportunas y una reacción inmediata. De cualquier manera, por respeto al país se debe aplicar el efecto jurídico del Código Penal en vigencia, sancionando con el rigor de la ley a quienes resultaren culpables e instigadores. Estas manifestaciones exigen también la inmediata aplicación de medidas institucionales; es una situación que amerita la inmediata iniciación de una verdadera reestructuración desmilitarizada y un orden adecuado de organización. No se puede continuar aguardando otras reacciones que pongan en vilo la seguridad del país, o esperar ocasiones políticas demagógicas para un intento de cambio en la Policía, pues las consecuencias pueden ser imprevisibles.