Vía crucis del TIPNIS

Félix Andrade Quiroga

La IX marcha de los indígenas del TIPINIS culminará en estos días, luego de una penosa como sacrificada caminata y dificultades, soportando una serie de intolerancias de algunas comunidades cocaleras. Ahora esta marcha está de luto por el sensible fallecimiento de dos marchistas en la ruta de la muerte (camino a los Yungas). Es más, el Tribunal Constitucional legalizó leyes contradictorias. Cuando los marchistas se entrevisten con autoridades del Gobierno, se teme que recibirán la misma respuesta con una posición intransigente.

El respecto, el columnista José Luis Saavedra hace un amplio análisis sobre este escabroso problema, que trataré de resumir. “El presidente Evo Morales afirmó el 29 de junio de 2011 que la vía Villa Tunari – San Ignacio de Moxos se construirá “quieran o no quieran”. El Gobierno dejó en claro que no se sometería a la voluntad de algún grupo, sea indígena o no. También desde el Ejecutivo se sostuvo que no era aceptable el veto a la construcción de la vía, por ser “un veto que impide el desarrollo”. Al parecer los argumentos no importan, ¿a quién le puede afectar si sólo se trata de indígenas?

El motivo del Gobierno es generar progreso y pide que los pueblos indígenas se “incorporen” al proceso de desarrollo. Argumenta que con la carretera se promoverá el crecimiento de las regiones del país en general, al mejorar los medios de transporte y porque sentará presencia el Estado, otra muestra de la ideología del desarrollismo como principal argumento.

Con esto es evidente que se deja de lado, de manera arbitraria y discriminatoria, la cualidad político-territorial de los pueblos indígenas, hoy reducidos a “un pequeño sector”.

Lo que importa, al parecer, es la “necesidad del desarrollo” y no así el equilibrio con la naturaleza. Parece que está muy bien hablar del respeto a la Madre Tierra, pero en la práctica se la está saqueando, depredando y devastando en aras del progreso, prioridades propias del sistema moderno colonial.

Según el viceministro César Navarro, insistirán en el diálogo en busca de una solución que no afecte el desarrollo e intereses de los pobladores del Beni y Cochabamba, o sea no les importan los intereses de los pobladores (obviamente karayanas). Ergo, los indígenas no son bolivianos, por no decir seres humanos (Ginés de Sepúlveda redivivo), por lo tanto no tienen derecho alguno, menos pueden vetar. Se reactiva así una retórica gubernamental de carácter intensamente racista y segregacionista”.

A toda esta versión del periodista Saavedra habrá que añadir que el Gobierno a toda costa llevará a cabo la “consulta previa”, donde estarán involucrados los integrantes del CONISUR que nada tienen que ver con el TIPNIS, que reciben instrucciones del Gobierno para sus movilizaciones políticas, además los cocaleros y colonizadores, ahora disfrazados de interculturales, están asentados ilegalmente en esa región, con la venia del Gobierno y con la hoja de coca en esa región, como está ocurriendo en el Parque Carrasco.

En el caso del TIPNIS, la consulta para que tenga visos de legalidad y corrección debe hacerse sólo a los verdaderos indígenas del lugar, los moxeños, movimos yuracarés, caimanes; no debería ser manejada ni patrocinada por el Gobierno, menos por el Tribunal Supremo Electoral que dejó su condición de independencia institucional. Deben ser los mismos originarios los que resuelvan si se hace o no la carretera, sin presiones de extraños.

El 24 de septiembre de 1990, cuando se realizó la primera marcha, el gobierno de Jaime Paz Zamora lanzó un Decreto Supremo, que en parte saliente dispone: “Se entiende por área indígena el espacio destinado de manera permanente para la vida y desarrollo de las poblaciones tradicionales, de los recursos hídricos, tierra fauna flora y donde no se otorga ningún tipo de propiedad o aprovechamiento sobre los recursos a terceros; las propiedades de terceros, legalmente establecidas con anterioridad al presente decreto supremo, deberán sujetarse a una reglamentación especial sobre el uso de los recursos y sus relaciones con la población indígena”.

Esta es la esencia de lo que exige la marcha. Y es altruista, digna de encomio, una marcha por una causa noble: la defensa del medio ambiente.

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