El proceso de cambios que experimenta la sociedad boliviana acaba de registrar una crisis política de notable magnitud a raíz del amotinamiento de los integrantes de la Policía Nacional, hecho que duró con diversos agravantes una semana y tuvo repercusiones a nivel nacional con reflejos a otros sectores sociales. Para culminar, las autoridades de gobierno denunciaron que estaba en marcha un golpe de Estado, el mismo que a la vez tendría ramificaciones internacionales.
El suceso que agitó la opinión pública estuvo por derivar en actos de mayor magnitud, pero se lo pudo superar debido a la actitud conciliadora tanto de los mecanismos oficiales como de los amotinados y llegó a resultados que permiten, por lo menos hasta el momento, el retorno de la tranquilidad de la población y la normalización de las actividades económicas que tuvieron que ser paralizadas, como en el caso del sistema bancario que, al verse en peligro, tuvo que cerrar sus puertas, agregando en esa forma una nueva manifestación de inquietud.
El estado de conmoción social registrado durante la última semana no es, sin embargo, un hecho aislado, ya que tiene raíces en el pasado y posiblemente tenga todavía efectos hacia el futuro. En efecto, fue prolongación lógica de expresiones de malestar social que vienen desde hace algo más de un año, en especial desde que fracasó el gasolinazo anunciado a fines del 2011.
Después de ese acontecimiento se produjeron diversos movimientos sociales que se fueron agudizando hasta llegar a su culminación en días recientes. En efecto, desde principios del presente año aparecieron síntomas preocupantes que terminaron por estallar con la reanudación del problema de los TIPNIS, el que fue seguido por la cuestión salarial reclamada por la clase obrera, asunto que derivó en tres huelgas generales decretadas por la Central Obrera Boliviana, acciones de indudable proyección social.
Pero la cuestión no terminó ahí, sino que enseguida estalló el grave conflicto con los médicos, el mismo que agitó el ambiente social durante casi 20 días y durante el cual se produjeron incidentes alarmantes en calles y plazas de todo el país. El problema fue aminorado con diversas negociaciones que, por suerte, pudieron llegar a un convenio por el cual se “suspendía” la disposición de las 8 horas de trabajo, hasta que se realice una cumbre para atender la cuestión en nivel más elevado.
Por sí fuera poco, entre tanto, volvió a agitarse el problema de los indígenas del TIPNIS que iniciaron la novena marcha sobre la ciudad de La Paz, anuncio que volvió a poner en tensión a las poblaciones urbanas que simpatizan con ese movimiento. Finalmente la marcha llegó a las inmediaciones de la sede del Gobierno, echando en esa forma leña al fuego.
Entonces, como continuación de ese estado de crisis general, se produjo el motín policial que duró una semana y puso en vilo no sólo al Gobierno, sino a toda la población del país, llegando al extremo de que el presidente Evo Morales informó haber descubierto los hilos de un golpe de Estado.
En todo caso, la realidad muestra una cadena de acciones públicas concatenadas entre sí y que forman un torrente incontenible que sólo se explica porque la sociedad boliviana encara momentos difíciles que merecen atención de fondo de la tienda gobernante, ya que en otra forma, el proceso social continuará su marcha hasta superar la crisis que padece.
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