Tan agónicos cual virulentos

Los neo-populismos fundamentalistas de corte mesiánico, esos que tomaron el poder en varios empobrecidos estados en Oriente Medio y Latinoamérica durante el periodo terminal del neoliberalismo, suelen caracterizarse por exhibir una virulencia simbólica proporcional a su ciclo de debilitamiento fáctico.

En términos sencillos, las autocracias pseudosocialistas, similares a las de Bolivia, o Venezuela, muerden más fuerte conforme más desgastadas están.

La concesión de asilo al senador Róger Pinto por el Brasil, las expresiones de Naciones Unidas sobre el deterioro de la justicia en Bolivia, la demanda del Parlamento Húngaro por la liberación de Elod Toaso y la denuncia del congresista estadounidense Chris Smith por la prolongada reclusión, sin sentencia, de Jacob Ostreicher, exponen una crisis de derechos humanos a la que el Gobierno ha decidido responder apostando a ser coherente con su propia mitomanía.

Se terminaron los días de la “complicidad orgánica” de organismos y socialismos vecinos, cuando los Mattarollo, los Caputo y los Stein llegaban a Bolivia a maquillar los atropellos a los derechos humanos y la manipulación de procesos electorales. El hedor de la represión estatal, los vínculos de autoridades de gobierno en narcotráfico y el manoseo judicial es tal que ni los estados socialistas lo pueden ignorar más.

Por eso Evo Morales y Álvaro García Linera decidieron que es tarde para recular. Su opción de principio por la aniquilación de la oposición, la anulación de la separación de poderes y su grosera centralización del poder han ido muy lejos para permitirles echarse atrás. Sólo queda seguir mintiendo, persistir en el error, pues es tarde y costoso abrazar la verdad.

Admitir el reclamo de Hungría sobre Toaso implicaría aceptar que hubo ejecución donde siempre sostuvieron que hubo tiroteo con terroristas; asumir el asilo a Pinto sería aceptar que opera un aparato de judicialización de la oposición, donde siempre sostuvieron que hay una justicia independiente.

Por eso, en lugar de salvoconducto para Pinto, se dicta la detención de otro opositor; y de ahí que en lugar de acceder al reclamo de Hungría, se le demanda a su parlamento “disculpas” por un “intento de magnicidio” urdido para justificar la masacre del hotel Las Américas.

Las leyes de la madre Tierra y de castigo a narco-funcionarios, igual que la “nacionalización” de Colquiri o la detención del político y ex militar Alvin Anaya, son alardes simbólicos de una consistencia política que el régimen perdió por completo; es la reafirmación por la negación de un sentido común que se universaliza sobre la ausencia de derechos humanos en Bolivia.

Es persistir en la impostura discursiva de la defensa de la naturaleza frente a la subversión del mundo indígena; maquillar con leyes huecas la imagen de “incorruptibilidad” de un régimen salpicado por el narcotráfico; querer validar la legitimidad jurídica de la persecución política encerrando más opositores, precisamente cuando la comunidad internacional más reprocha esa práctica.

El gobierno de Morales ha cruzado el punto de no retorno. Las masacres de Cochabamba, Sucre y Porvenir, el siniestro operativo del Hotel Las Américas y la creciente certeza de que impera un narco-régimen en Bolivia hacen impensable una salida del poder, sin consecuencias penales por delitos de lesa humanidad.

Podrán disfrazar su agonía estructural debajo el brutal alarde interno de fuerza y la elocuente demagogia en los foros internacionales, pero el MAS juega ya los descuentos.