El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que el diálogo se establecerá con las trece regionales afiliadas a la Cidob que firmaron acuerdos con el Ejecutivo y con el Polígono 7. Romero lanzó nuevas denuncias, esta vez en contra del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez quien supuestamente ahora estaría vinculado con el caso Bingo Bahití.
El dirigente afirmó que las denuncias del ministro Romero, no lo desprestigian como líder indígena aunque admitió que el negocio de las casas de juego, son rentables y beneficiosas, incluso para las comunidades indígenas.
“El año 2008, cuando fui a la OEA, en Estados Unidos y presenté el caso de Pando, el embajador me llevó a ver como funcionaban las casas de juego y como el gobierno estadounidense le da un permiso exclusivo a los pueblos indígenas de allá para que hagan una administración y sobre esa administración tengan educación y salud. Porqué no pensar en ese beneficio para los pueblos indígenas de nuestro país, es un bien social”, dijo.
Chávez afirmó no recordar si solicitó o no al Ejecutivo, que la Cidob coadyuve en legalizar casas de juego.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, refiriéndose a las demandas de la novena marcha, aseguró que el aparato estatal sólo socializará el proceso de consulta con las 11 regionales de la Cidob que firmaron acuerdos con el Gobierno y no así con los dirigentes que lideran la novena marcha indígena.
Por otro lado, el titular de esta cartera de Estado, difundió una nueva denuncia en contra del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, la cual advierte que el dirigente envió al Ejecutivo una nota en mayo del año 2011,en la que solicita que la organización a la cual representa realice los trámites necesarios para autorizar casas de juegos.
“Otorgó un poder especial a Armando Quisberth en fecha 30 de junio del 2011, para que pueda gestionar con empresarios vinculados a casas de juegos para que tramiten licencias de funcionamiento. Chávez recibió 30.000 dólares del Bingo Bahití pata poder gestionar la licencia de esta sala de juegos”, señaló Romero.
Estas acusaciones condicionan el proceso de diálogo, porque los legisladores oficialistas anuncian que sólo entablarán negociaciones con los corregidores del Tipnis, mientras la dirigencia indígena niega condicionamientos.
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