La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, se refirió al tema de la consulta en el Tipnis para la definición de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y aseguró que se debe aplicar el fallo emitido por el tribunal Constitucional Plurinacional, que establece abrogar la Ley 222.
Al menos esa es la interpretación legal que hace a la constitucionalidad condicionada que resolvió el TCP, y cuya figura en realidad sería la abrogación de la Ley 222, para dar paso a un proceso de consenso para la aplicación o no de la consulta a los pueblos del Isiboro Sécure.
“La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deben adecuar la norma a los términos de los convenios como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política del Estado (CPE), y el mensaje que el TCP le está dando a todo el país es que las partes se sienten en la Asamblea Legislativa y se proceda a abrogar (la Ley 222) porque ese es el término legal”, explicó.
El vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, interpreta que el fallo del TCP dio legitimidad al proceso de consulta y lo que resta es consensuar la reglamentación. Sin embargo, la reglamentación se viene desarrollando desde antes del fallo con el denominado protocolo que fue elaborado por el Tribunal Supremo Electoral y que ya aplica el Ministerio de Obras Públicas.
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