El diputado Andrés Ortega y Javier Orozco de Convergencia Nacional (CN), coincidieron en que el Gobierno debe investigar la veracidad de las denuncias del presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, quien afirmó que más de 200 fábricas fueron encontradas en el Tipnis y que una parte de ellas estaban en la propiedad del principal dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel.
“Lamentamos que exista este tipo de denuncias, pero cuando la oposición o quien no le conviene al Gobierno, hace este tipo de denuncias, no las toman en cuenta o las toman como acusaciones de golpe de Estado”, dijo el diputado Javier Orozco.
Por su parte, el diputado Andrés Ortega (CN), lamentó que el Gobierno insista en realizar campañas de desprestigio en contra de la dirigencia indígena y que defienda o encubra a los representantes de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Para los dirigentes del Conisur, hay todo tipo de preferencias, todo tipo de atenciones y eso ya es natural en este Gobierno, pero las investigaciones de estas denuncias tienen que hacerse. Como Convergencia vamos a pedir que se haga esta investigación”, señaló.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), entregó a EL DIARIO, una documentación de la agencia Bolpress, en la que se certifica que más de la mitad de las narcoindustrias fueron encontradas en las propiedades de Gumercindo Pradel (dirigente del Conisur) y Mario Castillo.
La Felcn habría destruído 84 fábricas de cocaína y 154 pozas de maceración en 81 operativos realizados el 1 de enero hasta el 31de diciembre de 2011 sólo en el Polígono 7, el área colonizada del Tipnis controlada por los sindicatos del Conisur, revela un informe enviado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero al presidente Evo Morales el 1 de febrero del 2012.
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