El control oficial de teléfonos privados

Una nueva técnica política para defenderse de los peligros de una presunta desestabilización del Gobierno actual, la misma que no sólo es causa de preocupación sino de asombro de parte de la opinión pública, ha sido la revelación presidencial de que el Estado utiliza el sistema del control (o mejor dicho espionaje) telefónico para descubrir golpes de Estado, revelación hecha por el mismo presidente Evo Morales con motivo de los graves sucesos ocurridos durante los días del motín de los policías.

En efecto, en el acto de celebración del 33 aniversario de la creación de la CSUTCB, el presidente Morales luego de reconocer que “se está viviendo momentos difíciles”, en primer lugar, afirmó textualmente: “Tenemos grabado(s) mensajes (en los) que se habla de golpe de Estado e incluso se dice “nos están grabando; hasta eso hemos grabado”, para agregar en el siguiente párrafo que “otro día documentaremos para mostrar cómo se busca el golpe” (sic).

Confirmando los conceptos del Jefe del Órgano Ejecutivo, Evo Morales, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, no se quedó corta en la denuncia y declaró en una emisora local que tenía “informes de Inteligencia que tienen que ver con la seguridad del Estado” y que se ha detectado “la conformación de un escenario para propiciar un golpe de Estado”.

De otro lado, las afirmaciones de dichos gobernantes confirman que con anterioridad ya se practicaba el control telefónico a la población, ya que en otra oportunidad se denunció que algunos dirigentes indígenas de la VIII marcha del TIPNIS tuvieron contactos telefónicos con una agencia norteamericana, hecho que originó que la Embajada de EEUU hiciese algunas aclaraciones y que inclusive el Ministerio de Relaciones pidiese explicaciones a dicha misión diplomática, aunque hasta el momento no se hubiese aclarado tan delicado asunto.

En todo caso, las afirmaciones de los funcionarios de la alta jerarquía burocrática del Gobierno confirman que está en práctica el control telefónico a la población y en especial a personajes de partidos políticos, así como a algunas personas de quienes se sospecharía que están en actividades de oposición política, pese a tener garantías constitucionales. En ese sentido, elementos de oposición aseguran que esas declaraciones confirman que en el país no existen las garantías a la privacidad y que todo pinchazo telefónico y vulneración es válido para sostener al régimen.

Las categóricas afirmaciones ya citadas del presidente Evo Morales y de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, no tendrían mayor repercusión si proviniesen de filas de las tiendas políticas de la oposición (que siempre exageran sus palabras), pero como ellas se originan en ese alto nivel son, lógicamente, causa de atención e inquietud de parte de la población y en especial de los dirigentes y seguidores de la vida política nacional. El hecho de que el mismo presidente Morales hubiese afirmado: “Tenemos grabados mensajes donde se habla del golpe de Estado…”, con el temor de que el país pase “de una dictadura militar a una dictadura policial”, es motivo suficiente de doble inquietud, más aún porque van en contra de principios constitucionales, en particular los consagrados en el Capítulo Séptimo y títulos correspondientes.

Está por demás hacer juicios de valor acerca de las opiniones oficiales mencionadas, las mismas que seguramente serán objeto de la atención de constitucionalistas, juristas, abogados, personajes de la actividad política y demás personas que no dudan en aplicar la Constitución Política del Estado y el goce de los Derechos Civiles en sus artículos 21 y siguientes.

Finalmente, sería de esperar que las autoridades aclaren las afirmaciones que realizaron y finalmente se adopte las medidas fiscalizadoras del caso o bien se dicte disposiciones para hacer referencia específica a este irregular estado de cosas.