Ministerio aplicará sanciones y restricciones publicitarias

Después de la aprobación de la denominada Ley Antialcohol en la Cámara de Diputados, que restringe la publicidad mediática, surgen nuevos riesgos que podrían derivar en sanciones económicas, decomiso y confiscación de materiales, además del cierre de medios de comunicación. Dichas sanciones serían reguladas por el Ministerio de Comunicación.

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, cuestionó la ambigüedad de la normativa, misma que sería la causa para malas interpretaciones referente a las mencionadas sanciones.

“Uno de los mayores problemas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es que creen que con ponerle un nombre bonito a una Ley, se solucionan los problemas de la sociedad boliviana. Estas sanciones que partirán del Ministerio de Comunicación demuestran la ambigüedad y la irresponsabilidad con la que el oficialismo trata sus normas”, dijo.

Medios impresos sólo tienen la imposición de exigir a sus clientes a colocar en un espacio legible, de al menos el 10 por ciento del tamaño del arte publicitario, una leyenda con los enunciados “El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud” y “Venta prohibida a menores de 18 años de edad”.

En caso de incumplimientos de parte de los medios de comunicación, el Ministerio de Comunicación queda encargado de sancionar y controlar la normativa de acuerdo a la reglamentación que se deberá establecer a partir de la promulgación de la Ley.

Las sanciones corren en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) con multas que se encuentran entre las 10 mil y 15 mil UFVs hasta el decomiso del material publicitario. En los locales se menciona, dentro del mismo capítulo referido a los medios de comunicación, la clausura temporal y definitiva.

Esta ambigüedad podría ser mal interpretada con la clausura de un medio de comunicación y en el caso de los impresos, el decomiso del material significaría la confiscación del tiraje, no se menciona ni especifica el tema de las nuevas tecnologías dentro de Internet.

La disposición final segunda también contradice las competencias dentro de esta ley, pues cita a otros dos ministerios que deberán regular la normativa: “El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, dependiente del Ministerio de Justicia, coordinará y ejecutará el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación”.

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, manifestó que la Asamblea Legislativa confirma con la Ley antialcohol su carácter de ente germinador de conflictos, porque atenidos a la mayoría de los dos tercios, el oficialismo cree no necesitar de consensos con la sociedad y aprueba leyes que luego generan dificultades.

Cito por ejemplo las leyes 180 de intangibilidad del Tipnis, la Ley 222 de consulta previa, la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, todas ellas observadas por presión social y movilizaciones.

“El Gobierno está acostumbrado a improvisar leyes para solucionar temas coyunturales y no de fondo. Si existe un conflicto con la Policía hacen una ley para luego modificarla, si otro sector se moviliza lo solucionan con leyes, pero nunca hacen a los temas de fondo”, dijo.