El ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribió anoche un acuerdo de diez puntos con los corregidores de los pueblos Chimán y Moseten sin tomar en cuenta a los dirigentes de la novena marcha de defensa de la integridad del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
La autoridad aseguró que los representantes de ambas comunidades decidieron firmar el convenio de manera directa, ante la negativa de los principales representantes de la columna indígena, quienes habrían impedido el retorno a sus comunidades.
El mencionado acuerdo, contemplado en 10 puntos, dispone: compensación por construcción de carretera Yucumo-Rurrenabaque, fondo indígena, crédito del programa de mejoramiento de carne y leche, el compromiso de dotación de medicamentos, elaboración de estudio técnico para el funcionamiento de unidades educativas, saneamiento básico de tierras, ejecución de vías camineras vecinales, proyecto de transformación del cacao, turismo y telefonía.
Por otro lado, el ministro Romero puntualizó que no se puede impedir la decisión buscar una solución con el Gobierno, ni tampoco se les puede obstaculizar su deseo de retornar a sus comunidades.
Ambos corregidores de manera tímida expresaron su satisfacción por el paso que dieron, enfatizando que en ningún momento fueron obligados a reunirse y a formalizar el citado convenio con el Gobierno y que ahora sólo desean retornar a sus pueblos.
“Ojalá que no se mal interprete lo que hemos hecho de manara voluntaria. Tenemos la necesidad de negociar libremente. No estamos traicionando a los marchistas con esta firma y no hemos sido pagados de por el Gobierno”, aseguró uno de los representantes que suscribió el documento.
SUSCEPTIBILIDAD
EN MARCHISTAS
El convenio firmado entre dos corregidores y el Gobierno, generó susceptibilidad entre los marchistas del Territorio Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), aspecto que generó un intento por retornar a su territorio, mientras que otros indígenas califican el accionar como un intento de dividir al movimiento indígena por parte del Ejecutivo, explicó Henri Uro de la comunidad de San Ramoncito del Tioichoa
Uro informó que supuestamente funcionarios del Gobierno intentaron trasladar a las personas que se encontraban alojadas en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La presencia de un bus en la puerta de dicha institución causó malestar de las mujeres de las diferentes comunidades indígenas, quienes pincharon las llantas, con la finalidad de evitar dicho cometido.
“En el coliseo de la UMSA están resguardadas las mujeres, los niños y un grupo de personas intentaban de que un grupo de indígenas retornen a su población. A nosotros nos comunicaron y nos dijeron que nos hagamos presentes, porque somos del grupo que estamos en la vigilia pública aquí en la vicepresidencia, pero al darnos a conocer que todo se había calmado es que inmediatamente estamos efectuando un análisis y definiendo otro tipo de resguardo”, explicó el dirigente.
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