El fracaso de la “revolución productiva”

Hace alrededor de un año, el pueblo boliviano sufrió por la escasez y alza de precios de los alimentos en general, como efecto de la caída de la producción agropecuaria. Esa situación sólo pudo ser atenuada por el Gobierno mediante la importación de grandes cantidades de productos de países vecinos y permitir, por debajo del poncho, el contrabando y libre comercio de países vecinos por alrededor de mil millones de dólares.

Esa situación no dejó de alarmar a las autoridades y éstas (además de aumentar las importaciones) no tardaron en reaccionar dictando disposiciones para que no se repita esa crisis y evitar una revuelta social. En efecto, entre otras medidas urgentes el Ejecutivo hizo aprobar con el Legislativo la “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”, mediante la cual no volvería a presentarse el déficit alimentario.

Sin embargo, pasado un año de haberse dictado dicha ley no se encuentra algún resultado visible, excepto informaciones exageradas de algunos funcionarios subalternos, que admiten que la producción de alimentos no ha aumentado y si alguno de ellos registra algún incremento (como la soya), éste sólo sirve para la exportación, como es el caso de la quinua. No se hace referencia al aumento de la producción de coca.

La Ley de la Revolución Productiva fue promulgada por el presidente Evo Morales, en medio de ceremonias pomposas. Comprende 56 artículos que señalan políticas generales y la creación de numerosas entidades para alcanzar esos objetivos. En cuanto a los 16 objetivos generales de esa ley, se puede decir que no se ha avanzado en ninguno de ellos o a lo más se los ha cumplido en mínima proporción.

En cuanto a los mecanismos para aplicar esas políticas generales se detalla que no existe aún el “Seguro agrario universal”, no funcionan la “Organización económica comunitaria”, los “Consejos económicos productivos”, la oficina de “Información estadística agropecuaria” ni el “Observatorio agroambiental y productivo”. Así mismo, no existe la proyectada “Planificación estatal con participación social”, los “Mecanismos crediticios”, ni los “Fondos concurrentes departamentales”.

Lo único que ha funcionado con éxito ha sido la “Empresa de apoyo a la producción de alimentos”, que ha aumentado la importación de productos hasta pasar los 800 millones de dólares, para no dejar desabastecidos los mercados de consumo. En cuanto al apoyo a la producción de semillas y de abonos y fertilizantes no se tiene la menor noticia.

Para completar el fracaso de esa iniciativa, una autoridad local ha informado que no se cumplen sus alcances debido a que hasta ahora no existe la Reglamentación correspondiente, lo cual significa que esa ley es a lo más papel mojado.

Entre tanto, la producción agropecuaria del país, en especial de la región interandina, sigue bajando, continúa el contrabando, se sigue importando más alimentos y únicamente mejorará la producción de coca debido a la erradicación de los cultivos de fruta, yuca, café, verduras, hualusa, maní y otros, medidas proteccionistas y el abandono de la tierra debido a la Ley INRA de Reconducción comunitaria de la reforma agraria.