Sobre la destrucción documental

Es de conocimiento de la ciudadanía el motín de los policías de baja graduación -en especial de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP)- que observó el país hace pocos días a través de los medios. Los miembros de esta unidad hacían sentir su fuerza, bronca y desenfreno por la Ley 101, salarios bajos y pedidos de nivelación al sector de los militares, falta de equipos y materiales para el desempeño eficaz de la Policía y rechazo a un bono económico insuficiente. Intelectuales, cientistas sociales, periodistas, politólogos, etc. manifestaron sus puntos de vista en cuanto a la raíz y los efectos de tal amotinamiento.

A esta inquietud nos unimos y opinamos respecto a un hecho lamentable, producto del desenfreno y descontrol: la destrucción de documentos el 22 de junio en la ciudad de La Paz. Nos referimos a la destrucción de la memoria y patrimonio documental y digital oficial del Estado, más propiamente perteneciente a la Policía. Esta crítica la hacemos a partir de la ciencia archivística. Como archivistas comprometidos con nuestro país, con su memoria, sus archivos y los documentos, lamentamos la pérdida de información valiosa.

Fueron terribles las acciones -sólo comparables a tiempos de la inquisición- del viernes 22 de junio, con las que fueron destruidos por medio de la incineración (al grado de total eliminación) los documentos del Tribunal Disciplinario y la Dirección General de Inteligencia; los mismos hacían referencia a Informes de la Policía, proyectos, procesos, etc. A través de los medios de prensa televisivos, Internet y videos caseros, pudimos sufrir en carne propia la quema del registro y patrimonio documental de nuestra institución policial. Un día antes se vio la toma de sedes y oficinas de la UTOP por parte de agentes policiales de bajo rango y de tal acción desconocemos la suerte que vivieron sus archivos.

Los medios de prensa difundían información sobre la destrucción de la memoria institucional. Los muebles, materiales de escritorio y documentos de procesos internos de los policías volaban desde el primer piso hacia el suelo, donde fueron quemados. La documentación de procesos contra miembros de la institución probablemente sería lo más valioso que se habría perdido durante los sucesos del viernes pasado, y lo peor es que el Gobierno tal vez no sancione a los autores que causaron daños en instalaciones públicas. ¿Cuándo va a parar la irresponsabilidad de los actos anti patrimoniales?

Pero, ¿por qué destruir el patrimonio documental oficial? ¿Todos somos sensatos sobre la necesidad de conservar la memoria escrita en nuestro país? ¿Cuáles son los intereses que llevan a cometer tales actos vandálicos? Posibles respuestas:

- Desconocimiento y ausencia de conciencia de lo que es y significa el patrimonio documental por parte de los actores convulsivos y/o elementos perturbadores.

- Apatía y dejadez sobre la importancia de la conservación de la memoria histórica escrita por parte de la ciudadanía, debido a la “iletralidad” y falta de la “cultura de la lectura” en nuestra sociedad. Aquí se retoma la vieja pregunta: ¿para qué sirve la historia?

- Conocimiento de la importancia de los documentos que contienen “ciertas informaciones peligrosas” por parte de involucrados que necesitan destruirlos.

- Falta de leyes y normas que amparen el patrimonio documental y los archivos por parte del Estado. A esto se suma la ausencia de promoción de la memoria escrita histórica.

Tanto el conocimiento como el desconocimiento son armas a favor o en contra en sociedades como la nuestra. Un siglo antes fueron armas poderosas de los “letrados” para someter a los “iletrados”. Ahora, en tiempos de democracia, no debemos incurrir en la ingenuidad de creer que los archivos son cobertizos de papeles con nula importancia y significado oculto. Ahora bien, si las leyes y normas que amparan el patrimonio documental en nuestro país son pocas, su desconocimiento es grande.

Citamos a la Constitución Política del Estado en sus artículos 100 y 237; el DS 13.957 de septiembre de 1976 sobre la prohibición de destrucción de documentos; los DS 22.144 y 22.145 de marzo de 1989 sobre las declaraciones de máximas utilidades y necesidades de las documentaciones públicas (en la primera) e inactivas (para la segunda); la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal en su artículo 223.

Para concluir, nos manifestamos en contra de todo acto que atente contra el patrimonio documental y la memoria de nuestro país, los actos vandálicos que pretendan eliminar de forma irregular y oscura la información oficial que se hallan en los documentos y se conserva en sus archivos.

Exigimos al Estado que promulgue de una buena vez una ley nacional de archivos; que proteja y ampare a su memoria oficial evitando la destrucción documental e impulse el respeto al patrimonio en general, en todas sus formas y expresiones, incentivando el desarrollo de la cultura de la lectura.

Los autores son Archivistas y Gestores Culturales Comprometidos Bolivia (ACBO).