A tres semanas el Gobierno no emite salvoconducto para Pinto



Senador opositor continúa en embajada brasileña.

A 24 días que el Gobierno de Brasil le haya otorgado asilo político al Jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN) en el Senado, Roger Pinto, la Cancillería no respondió aún la solicitud de salvoconducto emitida por este país, retrasando la salida del país del legislador opositor, quien denunció una persecución política por parte del Gobierno de Evo Morales con 20 procesos penales en su contra.

Para la senadora Carmen Eva Gonzáles, el siguiente paso que podría dar el senador Pinto es iniciar una demanda penal en contra del canciller David Choquehuanca por incumplimiento de deberes. Sin embargo esta es una decisión que asumirá el legislador después de un tiempo prudente de espera.

“Sería que el Gobierno el Brasil formalice nuevamente otra nota pidiendo que se le otorgue el salvoconducto, en caso de no hacerlo el senador Pinto deberá ver la forma de establecer una demanda contra el canciller David Choquehuanca por incumplimiento de deberes y creo la figura que debería aplicarse es esa” manifestó Gonzales a la ANF.

La legisladora recordó que el Gobierno boliviano debe cumplir las normas y convenios internacionales para no generar impases bilaterales con el Brasil, quienes luego de analizar la situación del senador Pinto decidieron otorgarle el asilo político.

El 28 de mayo de 2012, el senador Pinto se refugió en la Embajada del Brasil pidiendo asilo político, tras denunciar que el Gobierno del presidente Evo Morales le inició 20 procesos penales en su contra por denunciar casos de corrupción y supuestos nexos de narcotráfico que implicaría a funcionarios públicos. El viernes 8 de junio la Cancillería del Brasil oficializó el asilo político a favor del legislador pandino.

Los procesos penales instaurados en contra de Pinto son por el supuesto delito de daño al Estado en la Zona Franca de Pando, por este caso existe un mandamiento de aprehensión. Cinco casos son por delitos forestales. Otros cuatro procesos son por el delito de desacato, iniciados por el vicepresidente, Álvaro García Linera, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el fiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza. Otro juicio es por presunto asesinato en el caso de la masacre de Porvenir (Pando), además de otros.

 
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