Jindal y Gobierno se reúnen hoy para tratar de llegar a un acuerdo

Hoy en horas de la tarde representantes de Jindal Steel Bolivia (JSB) se reunirán con el Ministro de Minería y Metalurgia Mario Virreira, para intentar de llegar a un entendimiento y dejar sin efecto la decisión de rescindir el contrato de riesgo compartido para la explotación de hierro en el Mutún.

Ayer mediante una misiva, esta cartera de Estado invitó formalmente a los representantes de la empresa para una reunión en sus oficinas, esta fue aceptada por la empresa contratista, que mediante su departamento de relaciones públicas, hizo conocer que el miembro del directorio y máximo representante de esta empresa en la actualidad Armin Sharma y el asesor jurídico Jorge Gallardo, asistirán a la misma.

Sin embargo, Jindal reiteró que para que sus actividades mineras continúen en el país, el Estado debe garantizar tres aspectos: que se dejará sin efecto la demanda penal por supuesto incumplimiento de contrato contra los ejecutivos de JSB; que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos entregará los volúmenes de gas que requiere el operador y finalmente que el Estado dotará la totalidad de terrenos comprometidos en el contrato.

La JSB está dispuesta a reconfigurar el proyecto del Mutún con los 2,5 MMmcd (millones de metros cúbicos diarios) de gas que le ofreció la estatal petrolera para encarar la primera fase del proyecto siderúrgico, pese a que las utilidades de la empresa se verán reducidas.

El Estado tampoco dotó de la totalidad de los terrenos para la explotación del yacimiento a la empresa, que es uno de los reclamos constantes de la misma. Al momento, ya se ejecutaron dos boletas de garantía cuyo monto asciende a los 36 millones de dólares porque según la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jindal no habría cumplido con las inversiones programadas en el cronograma establecido.

Alrededor de 150 personas trabajan para Jindal en actividades administrativas y en operaciones mineras en el yacimiento de acero. La empresa de capitales hindúes manifestó públicamente que en la actualidad no encuentra en Bolivia la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando inversiones.