El lenguaje de señas en Bolivia es un idioma alternativo de comunicación

El Lenguaje de Señas en Bolivia (LSB) es una lengua basada en el inglés, ya que fue en 1970 cuando misioneros de Estados Unidos de Norteamérica llegaron al departamento de Cochabamba y fue desde allí donde se empezó a difundirla, primero como la American Sign Languaje (Lenguaje de Señas Americano), según expresan datos obtenidos de la Institución de Defensa de Niños Internacional en El Alto.

Posteriormente pasó a elaborarse el Primer Libro de Señas en Bolivia en el año 1992 y de allí se dieron esfuerzos para crear el Comité Interinstitucional de la Lengua de Señas (CILS) con sede en Cochabamba en el año 1998 y a partir de allí es cuando sufre el cambio en adecuarla a que sea una Lengua de Señas boliviana y contextualizada a nuestro medio.

Según la institución la importancia de la Lengua de Señas, en lo que es la educación de las personas sordas, es detallar más lo que es el campo laboral en el cual se pueden insertar los profesionales en Ciencias de la Educación, lo cual sería fructífero en la cual se atesoran muchas cosas pero también está lleno de peligros al no contar con bibliografía explícita sobre el caso, muchas trabas a nivel de información y una tremenda sensación de poder investigar algo de lo que casi nada se ha hablado en más de 100 años en temas referidos a la educación y sordera.

En varios lugares la educación se ve limitada por la falta de infraestructura y el poco personal docente que se encuentra en esos lugares, ya que para poder comunicarse con las personas sordas se requiere conocer la lengua en señas a nivel nacional que utilizan la mayoría de las personas sordas.

Otro problema que se atraviesa es la falta de un sistema educativo que responda a esta problemática, ya que en las instituciones educativas referidas el avance escolar es hasta el segundo o tercer ciclo de educación primaria. Hay una carencia casi total de instituciones que brinden servicios en educación inicial, secundaria, universitaria y laboral.

Hay otras asociaciones clandestinas y estas son hogares, grupos de padres de familia que comparten un ideal común: luchar para que sus hijos salgan adelante y tengan un mayor grado de educación y una calidad de vida y autosustentabilidad: todas las cosas que rezan en la Constitución Política del Estado y son obligación del mismo el brindárselas, pero esto ya es parte de una triste y cruel realidad.

“Son muchos los casos y testimonios desgarradores que cuentan las penurias y heroísmo de estas personas y sus familias que lucharon por un mañana mejor, un mañana para todos aquellos que tienen una comunicación con sus manos y oyen con los ojos”, argumentó el responsable del DNI.