Cuando se decía que la crisis policial había sido solucionada con la firma de un acuerdo, surgió algo peculiar de lo que nadie se percató, referente al temor y las medrosas órdenes que emitía el Comandante General a la tropa todavía sublevada. “Ordenó” que se replieguen a cumplir sus funciones a nivel nacional, pero después timorato declaró que no tenía “voz de mando” y que nadie obedecía las órdenes (como cuando el conductor pierde el volante, se precipita al fondo y siniestra su vehículo, pero al quedar ileso pretende conducir como si nada hubiera sucedido). Fue vergonzoso que un Comandante se quejara de tal manera, sin darse cuenta que en esos momentos estaba al mando de una institución derruida, sin disciplina y subordinación, una consecuencia lógica de haber perdido el mando.
Por supuesto que el comportamiento de la base policial obedecía a una acumulación de factores negativos dentro de esa institución, salvando grandes excepciones, además de los problemas de orden ético moral y corrupción. Al tocar fondo en el peor momento de su permanente crisis, la Policía ya había mostrado su clara descomposición institucional.
Después de los ominosos acontecimientos, policías denunciaron que se les estaría dando nuevos destinos, aclarando amenazantes que no permitirán represalias o sanciones por el amotinamiento. Ahora el Gobierno, lejos de no medir sus capacidades, ha demostrado su entera debilidad y fuerza de poder político, comprometiéndose a no sancionar los hechos delictivos de los sublevados.
Recordemos que ante sus propios zafarranchos y conflictos sociales, el Gobierno se acostumbró a incriminar e involucrar sin pruebas a los supuestos enemigos del régimen. En el presente caso estarían gestando un golpe de Estado, vinculando a políticos de derecha con los TIPNIS y en algún momento relacionando lo ocurrido con la sustitución presidencial del Paraguay. Pero es una exageración paranoica insistir con el tema de golpe de Estado, pues la gente sensata no cree en fantasmas ni bultos que se menean, además es muy tarde para hacerse la víctima, cuando conocemos las tramoyas, juegos sucios y la demagogia de desprestigio que se destila cada vez que surge algún problema sociopolítico. Es una manera de camuflar los errores, echando cortinas de humo como reacción socialista con claros tintes neoliberales.
Es cierto que en este conflicto hubo “fuerzas oscuras”, gente de la misma Policía, aclarando además que no son tan tontos para admitir que otros se aprovechen y saquen beneficios del movimiento. Ellos mismos incentivaron psicológicamente a la masa sin posibilidades de un golpe de Estado; sólo se trata de una organización cohesionada de policías, cuyas intenciones prosperaron, causando pánico y destrucción gracias a la soberbia, tozudez, falta de tino político e inoportuna reacción del oficialismo, por lo que tomaron de su propio chocolate, cediendo lo que no habían previsto. Según las experiencias, sólo el pueblo sublevado o los militares pueden generar un golpe de Estado.
Ahora el Gobierno, por su temor a la fuerza policial y sus consecuencias, es incapaz de adoptar medidas ejemplarizadoras que sienten precedente, de acuerdo con la ley y la Constitución Política. Al margen de las faltas netamente policiales están los delitos de “lesa patria”, “levantamiento armado”, “atentado contra la seguridad interna del país”, “terrorismo”, “destrucción de la propiedad pública”. De no aplicarse la ley, el Gobierno estaría cometiendo un delito, pues un simple acuerdo no puede anular semejantes atentados, sería un error de gran costo político y consecuencias jurídicas, por no cumplir con el mandato patriótico. Además este antecedente deja abiertas las puertas para que otras instancias apelen a los mismos instrumentos y métodos para imponer caprichosas demandas.
Esta lamentable situación policial ha destruido su nivel y carácter institucional, quedando como una simple organización que sólo se distingue por el uniforme u overol de trabajo. Se ha destruido el espíritu de cuerpo, sus leyes y reglamentos, sobre todo la subordinación que genera verdadera lealtad institucional. Tales hechos lamentablemente hicieron perder todo signo de credibilidad y confianza por parte de la población nacional, generando zozobra y temor sobre la supuesta misión de seguridad pública (el ratón cuidando el queso).
Es un mal ejemplo, viniendo de una organización creada para hacer cumplir las leyes y el orden instituido. Esto amerita con urgencia la implementación de instrumentos adecuados para la recuperación institucional y una reestructuración desmilitarizada.
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