Muchas semanas de discordia y desencuentros; de enrostramientos y acusaciones; de posiciones radicalizadas; de carencia absoluta de armonía y entendimiento. Semanas en que, parece, se han agravado posiciones divergentes sobre un tema que interesa a todos y que simplemente habría que cambiar mentalidades para atenderlo y solucionarlo sobre la base de lo que el gobierno predica y pocas veces practica: amor al país, servicio al pueblo, búsqueda del desarrollo y progreso, defensa del patrimonio nacional, trato justo a todos sin discriminación alguna y otras lindezas que, de cumplirse, cambiarían totalmente las estructuras de convivencia entre pueblo y gobernantes.
El camino que dividiría la reserva nacional -un bien para toda la humanidad- del Parque Nacional Isiboro Sécure, es contraproducente en la forma como ha sido diseñado y ya construido en buen porcentaje. Dividir ese territorio implica abrir las puertas a la expoliación de grandes recursos naturales y hasta fomentar más cultivos de coca que no sirven a lo tradicional sino que alimentan al narcotráfico. Esa vía, como está concebida, atentaría contra los derechos, la cultura, las costumbres, la vida de comunidades indígenas que conforman el TIPNIS, una organización que defiende derechos de esos poblados y que ha captado el sentir y apoyo de todo el país. Dividir el Parque Nacional Isiboro Sécure es contradecir el sentido de la Constitución que obliga a respetar los derechos de las comunidades asentadas en ese territorio.
El gobierno, al firmar un acuerdo con el Brasil para esa construcción, a cargo de una empresa brasileña, ha comprometido una deuda con un banco de ese país y, además, ha ignorado a la industria de la construcción de Bolivia a sabiendas de la falta de fuentes de riqueza y empleo. Busca, afanosamente, que haya una consulta entre las partes interesadas sobre la conveniencia o no de la construcción de esa vía; pero lo hace incluyendo en ella a grupos que nada tienen que ver con el problema -caso de CONISUR que estaría conformada por organizaciones de productores de coca-, sin tener en cuenta una regla elemental: no se puede consultar para una obra que ya está en plena realización.
Los campesinos o indígenas del TIPNIS, ante posiciones radicales del gobierno también extreman sus medidas y agravan sus exigencias para evitar la construcción o, por lo menos, convenir en los desvíos posibles y prácticos. El país, conjuntamente las partes interesadas, conviene en la urgencia y necesidad de esa ruta caminera, pero sin afectar lo más importante que es la preservación de un bien no sólo nacional sino que pertenece y beneficia a toda la humanidad.
Estudios técnicos especializados muestran que así se lleven a cabo las construcciones como están programadas y sin variante alguna, de todos modos habrá que hacer los desvíos; el gobierno aduce que los costos serían muy altos, pero, ante urgencias mayores como es la preservación del territorio y los derechos de los indígenas, no importaría que los costos sean muy superiores porque el desvío, posible y práctico, sería de múltiples beneficios.
Posiciones encontradas impiden las soluciones porque el gobierno, con políticas arbitrarias, trató de impedir la marcha; llegada ésta, le negó el derecho a entrevistarse con el Presidente, puesto que ninguna charla con ministros dio resultado. Los indígenas del TIPNIS, demostrando mucha serenidad, capacidad para el diálogo y con argumentos sólidos, buscan entendimientos que comparte la población nacional. Originarios de toda la región de Isiboro Sécure, protagonistas de la marcha -la mayoría de ellos repitentes de la 8va. gran caminata que también sufrió peripecias de toda laya-, buscan concordia y solución a sus planteamientos con las mínimas garantías.
Acompañados de esposas e hijos, han hecho frente a calamidades de todo tipo tanto durante el trayecto como a su misma llegada a La Paz, donde se desplazó a policías para impedirles el ejercicio de sus derechos, pese al padecimiento que tuvieron por las inclemencias del tiempo, hambre y malestares que han derivado en enfermedades. Lamentablemente, la insensibilidad de las autoridades impidió encuentros que podían ser constructivos, despejando, además, intenciones golpistas que les adjudica el gobierno.
El país, en aras de unidad y concordia anhela arreglos prácticos y definitivos, abandonando radicalismos, soberbia y petulancia. Hay deseo general para que la verdad -especialmente en los medios de comunicación que maneja el régimen- sea parte fundamental de todo el comportamiento y que las falsas acusaciones y los malos tratos terminen bajo el principio de que todos son hijos de la misma Patria.
Corresponde, pues, que tanto el gobierno como los indígenas del TIPNIS concuerden en la urgencia del diálogo, abandonando extremos que sólo empeorarán una situación que nadie desea y que podría ser semillero de hechos que nadie busca, pese a que las autoridades imaginan o ven los fantasmas de un golpe que no está en la mentalidad de ningún boliviano que tiene noción cabal de lo que es vivir en democracia.
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